Si “20 años no es nada”, qué decir de solo cinco, cuatro veces menos que eso. Pero a mí hay lustros que se me hacen siglos y el que lleva en vigor la reforma laboral me ha cambiado todos los esquemas. En lo que a la Formación de los trabajadores concierne esa reforma de 2012 careció de la luminosidad mediática y resonante de los grandes cambios: la Formación Continua no estaba en las quinielas de los principales nominados al cambio y de hecho, visto el resultado normativo de aquella reforma, parecía que las medidas referidas a ese ámbito se colmaban con un reconocimiento menor, uno de esos galardones “técnicos” (mejor sonido, efectos especiales…) que sólo dan para una presencia apresurada en el escenario fuera del prime time de las audiencias.
Sin embargo, entre las “medidas incisivas y de aplicación inmediata” a que aludía el Real Decreto-Ley de 10 de febrero en su exposición de motivos se adoptaron decisiones que, a la postre, convirtieron esa reforma laboral en el hito inicial de otra reforma sustantiva y específica, un “spin off” de aquella, la reforma de la Formación profesional para el empleo. Luego de aquella fecha hubo revisiones en la normativa específica de la Formación (órdenes ministeriales y convocatorias) que fueron poco perceptibles para los no iniciados pero que tuvieron gran impacto en el sistema y, aventado por el escándalo adherente del fraude, todo se fue encaminando hacia el reconocimiento compartido por Gobierno e interlocutores sociales en julio de 2014 de que la Formación de los trabajadores reclamaba importantes cambios. Ciertamente, se estaba reconstituyendo de facto un sistema con más de veinte años de existencia.
“El desarrollo de la formación profesional para el empleo –decía la exposición de motivos del Real Decreto-Ley de 2012- ha sido notable en las últimas dos décadas, con un significativo incremento de la participación de empresas y trabajadores en las acciones formativas, si bien se han puesto de manifiesto también ciertas necesidades de mejora.”
Entre las medidas más resonantes para inducir esas mejoras se consignaron en esta norma el derecho individual de formación con permiso retribuido, el “cheque” y la “cuenta” de formación, los permisos y adaptaciones de jornada y la formación adaptativa a cargo de la empresa. Cada uno de estos cambios se encuentra actualmente en distinto grado de vigencia, desarrollo y aprovechamiento pero todos comparten un confortable grado de neutralidad mediática. No ocurrió lo mismo con la financiación y la gobernanza del subsistema.
El Decreto-ley de reforma laboral reconoció a los centros y entidades de formación, debidamente acreditados, la posibilidad de participar directamente en el sistema de formación profesional para el empleo, “con la finalidad de que la oferta formativa sea más variada, descentralizada y eficiente” y, asimismo, su participación en el diseño y planificación del subsistema. Nada menos.
No se articuló sistema de participación de los centros de formación en esas tareas pero sobre lo primero y sus consecuencias han corrido ríos de tinta. Lo que empezó siendo una revisión cuantificable del monopolio ejecutivo de la formación acabó revelándose tres años más tarde, en la Ley 30/2015, como el primer paso del cambio más radical que pudieron imaginar los agentes sociales, privados finalmente por esa otra norma legal de la facultad ejecutiva de la Formación subvencionada y limitados en su capacidad de intervención en la gobernanza del sistema. Los dineros de la Formación recorren desde entonces la distancia más corta entre dos puntos, que en esta materia es la línea recta que va desde el agente financiador, las Administraciones Públicas hasta el agente impartidor, los centros y entidades de formación. ¿Y a estos qué tal les vino la cosa?
Pues a la lógica expectativa inicial sobre el nuevo papel protagonista que la norma les asignaba sucedió el encuentro con una realidad menos propicia en la que no iban a ocupar el lugar de los agentes sociales en ese plácido status quo tantas veces imaginado: ni podrían subcontratar, ni financiarse anticipadamente en toda la actividad formativa subvencionada ni satisfacer (porque otras leyes no lo permiten) su legítimo beneficio empresarial. A las llamadas “entidades organizadoras” de la formación bonificada (la mayoría, consultoras, personas físicas y centros de formación) también se les hizo de noche con la reforma pues se revisó a fondo su papel en el formación programada por las empresas y tuvieron que reposicionarse a toda prisa en este sector de la actividad.
Entonces… ¿A quién beneficia esta reforma? Con carácter general, yo creo que la calidad en la formación de los trabajadores aumentará porque la financiación se va a limitar a lo relevante (eso incluye lo necesario). Las malas prácticas irán desapareciendo por el efecto de “prevención general” de las nuevas normas sancionadoras y también y sobre todo porque gracias a las nuevas disposiciones sobre modalidad de impartición y costes muchas de esas prácticas aberrantes ya no son rentables. Cuando se pongan en vigor las herramientas de planificación estratégica las incertidumbres del sistema se ajustarán a la lógica de los ciclos y a poco que se dé con un sistema de financiación satisfactorio (sean módulos económicos, como en la concertada, cheques formación o contratos, en lugar de subvenciones) las entidades de formación reactivarán el círculo virtuoso certidumbre-inversión-calidad que reclama el futuro de la Economía.
Hasta que el sistema coja su nueva velocidad de crucero habrá desajustes iniciales pues eso es lo propio de los tiempos de transición que vive la Formación y hay que asumir por tanto el riesgo de equivocarse, dejar margen para la revisión y confiar en las posibilidades alternativas que la propia norma ofrece. Pero la Ley 30/2015 que implantó la reforma de la Formación Profesional para el empleo, hija de aquella otra reforma del 2012, nació con un apoyo político incuestionable y vino para quedarse pues los grupos políticos que entonces la apoyaron no dan pistas hoy de que sus previsiones sustanciales vayan a cambiarse. Los empresarios han anunciado un interesante libro blanco de la Formación, las centrales sindicales han priorizado el ejercicio de sus facultades de control, las entidades y centros de formación se esfuerzan en encontrar su lugar en el nuevo modelo y todos los actores del sistema, sin renunciar a la práctica de su legítima crítica, se acercan a un cierto pacto con la realidad.
Todo ha cambiado mucho y rápido, y yo he tenido que aprender a marchas forzadas cosas sobre las que, bueno, la verdad es que nunca antes había tenido mucho interés. Me he agotado en debates interminables sobre esto y aquello, me he enriquecido profesionalmente y hasta me he sumergido en un nuevo idioma (Véase, en este mismo medio, “Do you speak tripartés?”), que tendré que olvidar para hacer sitio al que lo sustituya. Ha sido un lustro frenético e inolvidable, cinco años de intensidad variable en los que he sido parte de un mundo que tuve la oportunidad de ver cambiar, creo que para bien. Y, en fin, mantengo la fe en el poder de la empresa y al trabajador para hacerse fuertes y mutuamente benéficos gracias a la formación. Pongamos en el centro de este pequeño mundo nuestro al alumno y su circunstancia y el tiempo, sin duda, nos premiará. De momento, estamos ya nominados. And the winner is…
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