El Pleno del Congreso de los Diputados debate este martes el real decreto ley de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que introduce mejoras en el registro del plan para llegar a un mayor número de beneficiarios y fija la conversión de reducciones a la cotización a la Seguridad Social en bonificaciones.
El decreto, que previsiblemente recibirá luz verde del pleno de la Cámara Baja, es fruto del acuerdo con las comunidades autónomas, recabado en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del pasado lunes 19 de diciembre, y del consenso alcanzado también con CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme, así como del visto bueno de las autoridades competentes de empleo y auditoría de la Comisión Europea.
Actualmente, el número de inscritos en la Garantía Juvenil alcanza los 400.000 jóvenes, aunque la cifra de potenciales beneficiarios es superior al millón. Esta iniciativa, nacida en la Unión Europea y adoptada por España, persigue que los jóvenes reciban una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.
Para llegar a más beneficiarios, la norma introduce modificaciones que simplifican el registro en la Garantía Juvenil. Así, bastará con no haber recibido formación ni haber estado trabajando el día anterior a la solicitud de inscripción para cumplir los requisitos, en lugar de los tres meses sin haber recibido formación o los 30 días sin empleo exigidos en la regulación actual.
Además, se permite que todas las entidades participantes en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil puedan establecer procedimientos específicos, de conformidad con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para la inscripción de los jóvenes en el fichero único del sistema.
De igual forma, se posibilita que todos los jóvenes inscritos como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo, tanto el estatal como, principalmente, los autonómicos, ya que las comunidades tienen transferidas con la competencia en políticas activas de empleo, que cumplan con los requisitos de la Garantía Juvenil sean inscritos en el sistema nacional de Garantía Juvenil, incluso con efectos retroactivos, en el caso de que hubieran participado o estén participando en alguna de las actuaciones previstas por el Sistema.
También se prevé la participación de interlocutores sociales en el procedimiento de inscripción de los jóvenes y en la Comisión Delegada de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
CONVERSIÓN DE REDUCCIONES EN BONIFICACIONES
Por otro lado, se establece la conversión de reducciones a la cotización a la Seguridad Social en bonificaciones, con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
La conversión se dirige a los incentivos a la cotización a la Seguridad Social a través de la tarifa plana de trabajadores autónomos o la contratación para la formación y el aprendizaje que beneficien a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
DOTACIÓN ADICIONAL DE 900 MILLONES
En abril de 2013, la Unión Europea acordó el establecimiento de la llamada Garantía Juvenil, reconociéndose con ello la situación particularmente difícil de los jóvenes europeos. España fue de los primeros países en acogerse a la iniciativa, para lo cual, en diciembre de 2013, aprobó el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España.
La Comisión Europea ha asignado a España ya un total de 2.360 millones de euros para el cumplimiento de la recomendación de la Garantía Juvenil a través del programa operativo de empleo juvenil en España hasta 2020, a ejecutar hasta 2023.
Está previsto que se realice una asignación adicional, pendiente de su aprobación por el Parlamento Europeo, de 900 millones de euros, que incrementaría la dotación de este programa operativo de hasta 3.260,6 millones euros.
LA REDUCCIÓN DEL PARO JUVENIL, OBJETIVO PRIORITARIO
Según el Ministerio de Empleo, gracias a las medidas que se han ido adoptando y al esfuerzo de la sociedad española, la tasa de paro juvenil se ha reducido en 15 puntos en los últimos tres años y la contratación indefinida de jóvenes es un 30% superior a la de 2011.
No obstante, Empleo reconoce que el paro juvenil español continúa siendo de los más altos de Europa, con una tasa del 46,5% para jóvenes de entre 16 y 24 años, por lo que su descenso sigue siendo uno de los principales objetivos del Gobierno.
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