Las pensiones subirán el 1 de enero de 2017 un 0,25%, el mínimo legal previsto, según han asegurado los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, respectivamente, tras confirmárselo la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la reunión que ha celebrado esta mañana con los agentes sociales.
Los dirigentes sindicales han expresado su rechazo a esta medida y han vuelto a reiterar que las pensiones deben subir al menos la previsión de inflación para 2017, en torno a un 1,2%.
«No estamos de acuerdo con el 0,25%, porque las pensiones no pueden empezar a perder poder adquisitivo ahora que la inflación empieza a ser positiva», ha subrayado Toxo tras la reunión con Báñez. Por su parte, Álvarez ha apuntado que «tiene que quedar claro» que los sindicatos «ni se conforman ni se van a conformar con que este año los pensionistas vean bajar su capacidad de adquisición».
«No vamos a dejar de trabajar para que ese 0,25% tenga correspondencia no con la reforma del PP, sino con la inflación real que se produzca en 2017», ha recalcado el secretario general de UGT.
Tras el encuentro, al que han asistido también los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, la ministra ha explicado a la prensa que se ha establecido una agenda de trabajo para principios de enero donde se tratarán los temas que quedaron abiertos en la reunión que se celebró el pasado 24 de noviembre en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Así, ha señalado que a principio de año se creará una mesa de trabajo con interlocutores sociales para hablar del empleo, de la calidad del empleo y para tratar de que «nadie se quede atrás en la recuperación económica».
Báñez ha afirmado que el Gobierno va a reforzar los programas de parados de larga duración para que «la gente mientras que no vuelva al mercado de trabajo tenga recursos» y que va a implantar una tarjeta social.
En relación con la reforma laboral, la ministra ha vuelto a insistir en que si sindicatos y empresarios se ponen de acuerdo se podrían hacer cambios en la reforma laboral y revisar el Estatuto de los Trabajadores.
Por su lado, los dirigentes empresariales se han mostrado a favor de que las pensiones de viudedad y orfandad puedan ser financiadas desde los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
«La financiación mediante presupuestos es una realidad estadística que tenemos en estos momentos, ya que la Seguridad Social está con un déficit muy importante que no nos da para más», ha afirmado el presidente de la CEOE, Juan Rosell.
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