El Gobierno actualizará y ampliará el Programa de Activación para el Empleo (PAE), simplificará los trámites del Plan de Garantía Juvenil para aumentar el número de inscritos e impulsará un «proyecto piloto» de complemento salarial para los jóvenes de menos de 30 años.
Así lo ha anunciado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante su comparecencia ante la comisión del ramo en la Cámara Baja, en la que ha detallado que se abrirá en los próximos días una mesa de diálogo social para mejorar el PAE y vincularlo con el Plan Prepara, del que se beneficiaron 700.00 personas en la pasada legislatura.
Báñez ha avanzado que se trabajará en el recientemente aprobado Programa de Acción Conjunta para desempleados de larga duración, orientado a parados de larga duración entre 30 y 55 años, con una distribución de más de 515 millones de euros para los próximos tres ejercicios.
Asimismo, ha avanzado que el Ejecutivo simplificará los trámites del Plan de Garantía Juvenil, del que a día de hoy hay más de 400.000 inscritos, para aumentar dicho número y que la ejecución de los gastos «justificables» por parte de comunidades autónomas, organismos y Gobierno sea «más fácil».
«No vamos a dejar de invertir en España ni un euro que venga por tema de Garantía Juvenil», ha afirmado Báñez, quien sin embargo ha lamentado que «no todas las comunidades han actuado igual en su compromiso» con este plan, destacando que las «mejores» regiones han sido Canarias y Murcia.
En cualquier caso, Báñez ha valorado que el Plan de Garantía Juvenil ha dado ya más de un millón de oportunidades de orientación e inserción en el empleo a los jóvenes y ha sido «capital2 para que el desempleo juvenil disminuya en 15 puntos.
En este sentido, ha defendido que el 92% de los jóvenes que abandonan España «no son jóvenes nacidos en España». En concreto, ha indicado que la media de salida en 208 era de entre 6.000 y 8.00 españoles nacidos en España, cifra que se ha invertido con un primer saldo positivo en 2014 de 3.600 jóvenes españoles que regresaron a su país.
La titular de Empleo ha avanzado que se está negociando con el resto de grupos parlamentarios sobre los complementos salariales, si bien la intención de Empleo es fijar llevar a cabo un «proyecto piloto» en el grupo de jóvenes menores de 30 años para ver si dicho complemento ayuda a la inserción y permanencia en el mercado de trabajo y a la mejora de las condiciones laborales.
«Estamos en el momento del diálogo, es una medida que iría para los Presupuestos del próximo año», ha detallado Báñez, quien ha recordado que las políticas activas de empleo son competen competencia de las comunidades autónomas y que ya hay una región interesada en el programa, la Comunidad de Madrid.
NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y MÁS TURNOS DE TRABAJO
Respecto a la negociación colectiva, Báñez se ha mostrado proclive al diálogo y ha destacado su utilidad tras haberse firmado 88 convenios colectivos más en lo que va de año respecto al año pasado.
La ministra ha detallado que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 8% pactada con la oposición afectará a 220.000 personas, y ha afirmado que el Gobierno no quiere «salarios bajos», si bien el incremento de los salarios se decidirá en la negociación colectiva.
Además, ha destacado que la contratación indefinida representa el 75% del total y que acumula 34 meses consecutivos al alza, al tiempo que España reduce el nivel de pobreza un 10% y que la tasa de pobreza entre los mayores de 65 años se redujo un 13% en 2015 respecto al inicio de legislatura.
En cuanto a la libertad de horarios, Báñez ha pedido que haya «más turnos de trabajo» porque así «habrá más empleos», si bien ha recordado que la libertad de horarios es competencia de las comunidades autónomas, aunque debe ser «compatible» con la conciliación de la vida laboral y familiar.
LE «CHIRRÍA» LA EXTERNALIZACIÓN, PERO ES «LEGAL»
Por otra parte, sobre los «abusos» realizados por algunas empresas en materia de subcontratación y externalización denunciados por los portavoces de varios grupos parlamentarios, Báñez ha reconocido que al Gobierno estas prácticas le «chirrían», por lo que ha reforzado el papel de la inspección.
No obstante, ha recordado que externalizar una parte de la actividad empresarial «no constituye ninguna ilegalidad» al venir amparada por la Constitución en el artículo 38 referido a la libertad de empresas, además se trata de un fenómeno que se da en «todos los países» y en «todos los sectores».
En esta línea, ha defendido al sector turístico porque «esa industria no se merece que se le ponga en cuestión», y ha pedido que se denuncie si se tiene conocimiento de fraude de ley o irregularidades. Gracias a las actuaciones coordinadas con Canarias y Baleares se ha mejorado la calidad del empleo de 8.902 trabajadores, ha añadido al respecto.
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