La directora de Relaciones Laborales de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Teresa Díaz de Terán, ha pedido este lunes en su intervención ante la Comisión del Pacto de Toledo adelantar la aplicación de la reforma de las pensiones de 2011 y potenciar las mutuas y los fondos de pensiones privados.
Díaz de Terán ha señalado que en el Acuerdo Social y Económico del año 2011 se encuentran «muchas de las medidas que pueden ser esenciales» para garantizar las pensiones del futuro, y ha instado a revisar y analizar la posibilidad de adelantar su aplicación.
Entre otras medidas de esta reforma, Terán ha señalado la ampliación del tiempo de cotización hasta los 38 años y 6 meses para acceder a la jubilación a los 65 años, la ampliación del período del cómputo para calcular la base reguladora de la pensión de 15 a 25 años o el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años. Estas medidas, en virtud de su período transitorio, ha señalado, se acabarían implantando entre 2022 y 2027.
Respecto a mutuas y fondos privados, la representante de Cepyme ha apuntado que podría mejorarse la eficacia en materia de absentismo laboral con una mayor colaboración con las mutuas, y ha pedido impulsar «las previsiones sociales complementarias» –en referencia a los fondos de pensiones privados–, pues mientras suponen un 23% del PIB en España, en otros países en los que tienen mayor implantación alcanzan el 100%, y ha puesto el ejemplo de países como Reino Unido, Países Bajos o Dinamarca.
Que el Estado pague pensiones «sociales»
Asimismo, Díaz de Terán también ha pedido que la Seguridad Social deje de encargarse de ciertas pensiones contributivas, como las de viudedad o el complemento a la maternidad, y que pasen a financiarse a través de otras vías, como por ejemplo en los Presupuestos Generales del Estado.
«Por sus características sociales, su financiación tienen que corresponder al Estado», ha dicho, apuntando que en 2016 se abonaron 134.600 complementos de maternidad y las pensiones de viudedad suponen anualmente más de 18.000 millones de euros.
En este sentido, ha señalado que la Seguridad Social es sufragada con las cotizaciones de empresarios y trabajadores –«especialmente empresarios», ha dicho–, y ha apostado por «reordenar» la responsabilidad sobre las pensiones.
Dejar de financiar las políticas activas de empleo
La representante de Cepyme también ha propuesto que la Seguridad Social tenga «una nítida separación en las fuentes de financiación» y que se dejen de financiar desde este fondo las bonificaciones a la contratación.
Para Díaz de Terán, los descuentos de la cuota deberían ser financiados por el Estado vía Presupuestos, pues son medidas relacionadas con las políticas activas de empleo y ha calificado de «improcedente» que al correr a cargo de la Seguridad Social, las estén sufragando empresarios y trabajadores. Ha estimado el coste de estas bonificaciones en unos 1.900 millones de euros.
Otra de las «patas» que la representante de Cepyme ha llamado a abordar es la del Régimen Especial para los Trabajadores Autónomos (RETA), cuyo nivel contributivo y de protección social ha llamado a «converger» respecto al Régimen General, pues si bien la pensión media de un autónomo es un 41% inferior, su cotización también lo es un 40% inferior. También ha incidido que entre los autónomos hay un mayor número de pensiones de mínimos.
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