Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, han advertido este lunes de que en los próximos años se producirán «huelgas» porque España no aguantará «mucho más» la situación de desigualdad, mientras que el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, ha afeado a todos los políticos que no tienen «ni idea» de negociación colectiva.
Así lo han señalado los líderes del diálogo social durante su intervención en el encuentro ‘Modernización y Reformas: La agenda de los cambios que necesita España’, organizado por El Español con motivo de su primer aniversario, en el que también ha participado el presidente de la patronal Cepyme, Antonio Garamendi.
«Les aseguro que en los próximos años va a haber huelgas. Este país no va a aguantar mucho más tiempo la situación de desigualdad que se produce entre mujeres y hombres, entre jóvenes y mayores y entre ricos y pobres», ha afirmado Álvarez.
El líder de UGT ha dicho que sindicatos y patronales podrían felicitarse de que en los últimos años no se hayan producido huelgas, si bien ha asegurado que en los ejercicios venideros se llevarán a cabo en caso de no frenarse la desigualdad, algo para lo que se está «a tiempo» de abordar, especialmente a través de la negociación colectiva.
Asimismo,, Toxo ha recalcado que si no se alinea el crecimiento de la economía con las necesidades de las personas se está «incubando un potencial de crisis muy elevado» que ha dicho desconocer si se va a poder «gestionar».
«Esta realidad no se puede mantener en un país sin un grave riesgo de conflicto social», ha añadido Toxo, quien ha denunciado que España es el país con la mayor brecha entre ricos y pobres de toda la Unión Europea y ha abogado por dar una mayor prevalencia a los convenios sectoriales frente a los colectivos.
CEOE ABOGA POR EQUIPARAR DERECHOS DE INDEFINIDOS Y TEMPORALES
Por su parte, Rosell ha afirmado que «la clase política de todos los partidos que están en el parlamento no tiene ni idea de lo que es la negociación colectiva y el riesgo es debido en buena parte a legislaciones laborales de los últimos años».
En este sentido, ha vuelto a criticar la «farragosa» legislación actual en materia laboral, con más de 7.000 leyes laborales que complican la actividad empresarial, por lo que aunque se deroguen varias leyes o artículos, quedará un entramado legislativo laboral «tremendamente laboral».
Por ello, ha reclamado una legislación laboral «práctica y real» y que se solucione el problema actual por el que «hay una bolsa importante de trabajadores indefinidos con toda una serie de derechos y otra bolsa de temporales con una relación de derechos infinitamente menor».
El presidente de CEOE ha pedido que los interlocutores sociales «confíen un poco» en los empresarios, ya que ha dicho que son capaces de poner encima de la mesa planteamientos conjuntos «buenos» para el país».
Álvarez ha aprovechado el acto para denunciar que la devaluación de los salarios es «una pendiente que no tiene fin», mientras que Rosell ha destacado la conveniencia de contar con una senda «positiva» de crecimiento.
De su lado, el presidente de la patronal de las pymes, Antonio Garamendi, ha valorado que sindicatos y organizaciones empresariales se sienten y alcancen «acuerdos», y ha subrayado que el hecho de que haya menos horas de huelga obedece a los acuerdos alcanzados gracias a la negociación colectiva.
De igual forma, ha defendido que la reforma laboral del año 2012 «ha estado bien», si bien ha reclamado una flexibilización de los sistemas de contratación y que resulten «más sencillos».
SENTENCIAS LABORALES
Por otra parte, sindicatos y patronales se han pronunciado también sobre la sentencia europea que aboga por equiparar las indemnizaciones de trabajadores indefinidos e interinos y sobre la emitida por el Tribunal Supremo que consideraba despido colectivo el que supere los umbrales, marcados, tanto en la totalidad de la empresa como en cada centro de trabajo.
Toxo ha tildado de «chapuza jurídica de primera magnitud» la normativa de despidos colectivos al introducir en su opinión una «inseguridad tremenda», al tiempo que Álvarez ha dicho verla como una «enmienda a la totalidad» de la reforma laboral.
De su lado, Rosell ha criticado la judicialización legislativa consecuencia de que en España se legisla «mucho y mal», lo que obliga a los jueces a tener que interpretar las normas, por lo que ha instado a poner fin a esta situación con leyes «sencillas y comprensibles».
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