La mediación en España beneficia cada año a unas 200.000 empresas y a más de cinco millones de trabajadores, con la gestión de más de 4.600 procedimientos de mediación y arbitraje.
Así lo han puesto de manifiesto el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, y la secretaria ejecutiva confederal del sindicato, Isabel Araque, durante su participación en las XVII Jornadas de la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), titulada «Los sistemas de solución autónoma de conflictos laborales. Retos y perspectivas de futuro».
Pino, que ha intervenido en una mesa redonda en la que se hecho balance del V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales, ha manifestado que el balance de estos acuerdos es «positivo» y que son «efectivos», porque, entre otras cosas, han estado gestionados, de manera autónoma, por los agentes sociales.
Asimismo, ha destacado la voluntad de las organizaciones firmantes (CEOE, Cepyme, CC.OO. y UGT) desde el primer acuerdo por desarrollar un mecanismo de solución de conflictos que contribuyera a «establecer un clima más participativo y dialogante en las relaciones laborales y fortaleciera e impulsara la autonomía de las partes en la solución de los problemas planteados en las empresas y de las condiciones laborales de los trabajadores».
«Siempre es necesaria más negociación colectiva porque ésta configura un modelo de relaciones laborales más participativas y fluidas, capaces de resolver a tiempo y de manera equilibrada, los eventuales conflictos. Además, la mediación es un instrumento de eficacia ya demostrada que permite un mayor protagonismo de las organizaciones sindicales y patronales» ha afirmado.
En este sentido, ha puesto en valor el mecanismo, que solo en el ámbito estatal ha gestionado más de 4.600 procedimientos de mediación y arbitraje, afectando cada uno de los últimos años a una media de 200.000 empresas y a más de cinco millones de trabajadores. Sin embargo, ha subrayado la importancia de introducir, de cara al futuro acuerdo, una serie de elementos fundamentales para seguir avanzando.
En concreto, ve necesario que las instituciones de solución autónoma de conflictos cuenten con el apoyo material y financiero prestado hasta ahora por los poderes públicos, que aseguren el «correcto desarrollo» de la labor que realizan.
También aboga por concretar actividades que potencien las comisiones paritarias, desarrollar una formación específica para los mediadores o revisar los tipos de conflictos actuales para facilitar su utilización por los usuarios, abriendo las materias para que recojan aspectos «más amplios».
En este sentido, ha animado a los sectores y empresas de ámbito superior a la comunidad autónoma a que planteen sus conflictos en el SIMA, participando del reto actual que supone para la negociación colectiva integrar los métodos de mediación y arbitraje en su quehacer cotidiano.
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