UGT ha celebrado este miércoles que el Congreso de los Diputados aprobara ayer una proposición no de ley presentada por el PSOE en la que se insta al Gobierno en funciones a garantizar la subida de las pensiones y el sueldo de los empleados públicos en caso de que tengan que prorrogarse los Presupuestos para 2016.
El sindicato subraya que esta iniciativa permite que el Gobierno en funciones pueda actualizar estas retribuciones a través de un Decreto Ley por tratarse de un asunto de «urgencia e interés general».
«El Ejecutivo, ahora en funciones, acostumbrado a gobernar en la pasada legislatura a base de decretos leyes, muchos de ellos innecesarios y con el objetivo de burlar el debate político y el diálogo social, puede y debe adoptar ahora medidas de urgencia sobre asuntos que preocupan y afectan a una gran parte de la población», afirma el sindicato.
Los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, enviaron la semana pasada una carta al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, emplazándole a aumentar las pensiones, el salario mínimo interprofesional (SMI) y los salarios de los empleados públicos.
En materia de pensiones, la propuesta sindical pasa por incrementar estas prestaciones tomando como referencia el IPC para el próximo año (1,1%), con el objeto de que se produzca un incremento real de las mismas, teniendo además en cuenta que la previsión del IPC de la Unión Europea no será inferior al 1,3%.
Asimismo, UGT y CC.OO. reclaman aumentar los ingresos del sistema y velar por el «estricto cumplimiento» de la legislación reguladora del Fondo de Reserva con el fin de evitar que se agote de manera prematura.
La proposición no de ley aprobada ayer por el Congreso insta también a convocar la Mesa de la Función Pública. Los sindicatos insisten en que deben subirse los salarios de los empleados públicos y la tasa de reposición.
Además de estas cuestiones, las organizaciones sindicales demandaban en su carta a Rajoy el aumento del SMI hasta alcanzar los 800 euros mensuales en 2017, llegando a 1.000 euros mensuales al final de la legislatura, en línea con el objetivo establecido en la Carta Social Europea.
«Todas estas medidas ayudarán a fortalecer el consumo, la inversión y el crecimiento económico y contribuirán a que este crecimiento sea más justo y equilibrado», defiende la organización dirigida por Pepe Álvarez.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.