UGT ha insistido este miércoles en la necesidad de que una de las primeras medidas a aprobar en esta legislatura sea la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por los sindicatos para instaurar una prestación de ingresos mínimos para personas sin recursos económicos.
En su propuesta, UGT y CC.OO. han diseñado esta prestación como un nuevo derecho subjetivo, vinculado a la Seguridad Social, financiado vía Presupuestos Generales del Estado, que permita a sus beneficiarios recibir una ayuda de 426 euros, que aumentará en función del número de componentes de la unidad familiar y que se mantenga mientras la persona siga en esta situación.
Esta prestación sería incompatible con otras prestaciones de la Seguridad Social (salvo las familiares no contributivas), pero compatible con las de atención a la dependencia, ayudas a la infancia, ayudas de emergencia social o cualquier otra de naturaleza asistencial de cualquier administración pública.
Según la propuesta sindical, esta renta mínima iría dirigida a personas de entre 18 y 65 años que no reúnen las condiciones para otras prestaciones y que lleven inscritos en el desempleo, al menos, un año. UGT y CC.OO. calculan que los beneficiarios potenciales de esta ayuda serían algo más de 2 millones de personas.
«La larga crisis y las políticas de austeridad impuestas han puesto de manifiesto la insuficiencia de nuestro sistema de protección social. La expulsión de millones de trabajadores del mercado laboral ha incrementado sus niveles de pobreza y exclusión social ante la incapacidad de las redes públicas de protección de cubrir sus necesidades mínimas», ha argumentado UGT.
El sindicato ha afirmado que, mediante esta prestación de ingresos mínimos, muchas personas podrán salir del umbral de la pobreza y vivir «con dignidad».
Los comentarios están cerrados.