6 de noviembre de 2024
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Proponen eliminar el impuesto de Patrimonio para «crear 181.000 empleos»

La eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio generaría, a lo largo de los diez primeros años, un 5% de crecimiento adicional para la economía española y unos 181.000 puestos de trabajo, según un estudio sobre este impuesto realizado por la Unión de Contribuyentes (UC) y la Fundación para el Avance de la Libertad han hecho público hoy el estudio «El impuesto sobre el Patrimonio».

El informe analiza la aplicación por parte de cada comunidad autónoma y de las diputaciones forales, y compara cada una de esas situaciones con la media española y con Francia, único país de la UE que aún mantiene, como España, este impuesto. 

De la investigación sobre este tributo en el mundo se desprende que casi todos los países desarrollados lo han eliminado en las últimas décadas. Declarado inconstitucional en Alemania, el Impuesto sobre el Patrimonio apenas persiste en Noruega, Francia, España y a nivel cantonal en Suiza. En España, la aplicación media de este tributo transferido a las comunidades autónomas es mucho más gravosa que la francesa y la noruega. 

Así, el estudio muestra que se dan circunstancias tan «llamativas» como la de Extremadura, que tiene el Impuesto sobre el Patrimonio más alto del mundo; la de Guipúzcoa, cuyo tributo resulta «confiscatorio» al haberse eliminado el escudo fiscal; o las de Aragón, Navarra, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que al haber reducido el mínimo exento «maltratan duramente a la clase media». 

Por su parte, Andalucía, Asturias, Baleares, Galicia y Murcia se unen a las comunidades catalana y valenciana al subir la tarifa por encima de la escala general, aunque sin llegar al nivel extremo que rige en Extremadura, donde el contribuyente paga, a igual valor patrimonial, el doble que en Francia. 

Por ahora, sólo la Comunidad de Madrid ha suprimido el impuesto para sus residentes, mientras La Rioja presenta el impuesto más bajo de todas las comunidades que sí lo aplican, y las haciendas forales alavesa y vizcaína tienen un mínimo exento de 800.000 euros, algo más generoso que los 700.000 habituales en las comunidades que no lo han reducido.

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