CC.OO. y UGT han presentado este martes sus 20 propuestas «por el progreso y el bienestar social» que remitirán a los partidos políticos de cara a las elecciones del 26 de junio, en las que vuelven a exigir la derogación de las reformas laborales, aumentos salariales y un suelo de gasto social en la Constitución, así como una prestación de ingresos mínimos, sobre la que amenazan con movilizaciones si el próximo Ejecutivo no la aprueba.
Así lo han señalado los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, durante su participación en la asamblea pública celebrada en la Plaza de Callao de Madrid para presentar sus propuestas para el 26J, ante la presencia de 600 delegados sindicales y diputados y concejales del PSOE, como su secretario de Organización, César Luena; y de Unidos Podemos, como el diputado Miguel Vila.
Toxo ha agradecido la presencia de estos representantes políticos y ha explicado que desde los sindicatos no han querido hacer «excepciones», si bien, ante las ausencias de partidos como el PP o Ciudadanos, ha apuntado que les harán llegar sus propuestas. De hecho, ya hay previsto algún encuentro con uno de los candidatos a presidente en las próximas elecciones, y esperan ir cerrando más en los próximos días.
El líder de CC.OO. ha aclarado que desde los sindicatos no van a instar a votar a ninguna formación política, si bien ha reconocido que tienen su «opinión» y que les gustaría que la ciudadanía votase a las opciones que se manifiesten más próximas a sus propuestas.
«INTENSA» CAMPAÑA DE MOVILIZACIÓN ELECTORAL
En este sentido, ha subrayado la importancia de la participación y ha avanzado que las organizaciones sindicales llevarán a cabo una «intensa» campaña de movilización electoral en los centros de trabajo, el sector privado, la Administración y los servicios, para conseguir que «no cunda el desánimo y la gente no entre en resignación».
«Parece que hay quien está interesado en que no haya participación elevada por ver si mejora sus expectativas electorales», ha apostillado Toxo, quien junto a Álvarez ha hecho un llamamiento a la participación para hacer posible un gobierno «de cambio y progreso».
En este sentido, Álvarez ha defendido la importancia de que los partidos políticos asuman las 20 propuestas sindicales, reflejo de las «preocupaciones» de la ciudadanía, y que éstas se conviertan en «leyes, decretos y normas», por lo que ha apelado a conseguir una sociedad «movilizada y articulada» al ser «imprescindible» para conseguir ese objetivo.
«Inauguramos un proceso en el que la ciudadanía no solo se exprese una vez cada cuatro años al votar, sino que se dé cuenta de que hay que luchar todos los días para que muchas de las propuestas se hagan realidad. Vamos a tener que estar trabajando permanentemente», ha indicado Álvarez en declaraciones a los periodistas.
MOVILIZACIONES SI NO SE APRUEBA LA RENTA MÍNIMA
En esta línea, durante su intervención ha advertido de que los sindicatos van a movilizarse si no se aprueba su propuesta de una prestación de ingresos mínimos para dos millones de familias sin recursos, ya que no van a permitir que el trabajo de tanta gente se lo «despachen en 20 minutos», tras haber reunido más de 700.000 firmas favorables a la iniciativa.
No obstante, ha mostrado su convencimiento de que «nadie va a tener mayoría absoluta que impida que ese debate se pueda celebrar en el Parlamento».
Esta es una de las 20 propuestas elaboradas por los sindicatos ante el 26J, cuyo primer punto del documento se centra en hacer de la lucha contra el desempleo el «objetivo número uno», fijando como meta reducir a la mitad la actual tasa de paro (21%) antes de terminar la próxima legislatura mediante un Plan de choque por el Empleo que contemple medidas parra los colectivos con mayores dificultades.
Asimismo, vuelven a exigir la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 y recuperar los derechos laborales «arrebatados», reformando el Estatuto del Trabajador Autónomo y recuperando el Estatuto Básico del Empleado Público y el derecho efectivo a la negociación colectiva.
También demandan poner fin a la política de austeridad «compulsiva» en España y en la Unión Europea, lo que pasa por promover un plan europeo de inversiones y crear un banco público, y elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 800 euros, acompañado de un impulso de los incrementos salariales reales.
A este respecto, Toxo ha indicado que los datos ofrecidos ayer por Eurostat sobre la brecha salarial en Europa y España reflejan que la reforma laboral buscaba «devaluar el precio del factor trabajo como casi único elemento de competitividad».
Toxo ha denunciado el efecto «perverso» y «tremendamente negativo» que ha tenido para los trabajadores, cuyo salario medio es la mitad que en Dinamarca a pesar de que la productividad no se distancia en la misma medida entre ambos países, habiendo además en torno a un tercio de trabajadores con un salario inferior a 1.000 euros y «muchísima gente» con un sueldo inferior al SMI.
DUPLICAR LA DOTACIÓN PARA POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
Por ello, también piden duplicar la dotación para políticas activas de empleo y extender el sistema de protección por desempleo, revisando al alza sus cuantías y su duración y recuperando el subsidio para mayores de 52 años en las condiciones de la pasada legislatura.
UGT y CC.OO. piden a los partidos reformas en la política fiscal, aumentando los ingresos y haciendo «que paguen más los que más tienen» y abogan por promover un suelo de gasto social en la Constitución y fortalecer el gasto en sanidad, educación, protección social y ayuda la dependencia.
Otras de sus peticiones son derogar la LOMCE y trabajar por un pacto social y político por la educación; recuperar el Pacto de Toledo y derogar las reformas de las pensiones desde 2012; garantizar la igualdad de trato y la no discriminación; reforzar la prevención de riesgos laborales; construir un sistema integral de servicios sociales y aplicar de inmediato la ley de dependencia.
Igualmente, ven necesario poner en marcha un plan estratégico para la industria; hacer avanzar en la «calidad» de la democracia, derogando el «atentado» a la libertad que supone la llamada ‘Ley Mordaza’, y el artículo 315.3 del Código Penal que «criminaliza» el derecho de huelga; defender una Unión Europea «social y respetuosa» con los derechos humanos; exigir que los tratados de libre comercio sean herramientas «de progreso, democráticas y transparentes», y rechazar el TTIP y el CETA.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.