El informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 2015 revela que, aunque han disminuido «sustancialmente» las quejas recibidas relativas a los retrasos en el reconocimiento de prestaciones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), «todavía se reciben quejas que revelan demoras muy superiores al plazo de tres meses».
El Fogasa, organismo encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes, está obligado a resolver estos expedientes en el plazo de tres meses, pero al inicio de la última legislatura acumulaba retrasos superiores a dos años en muchas unidades periféricas, durante los que los trabajadores despedidos no habían percibido los salarios e indeminizaciones que les correspondían.
El Defensor del Pueblo recuerda que en octubre de 2013 se puso en marcha un plan de choque para atajar esta situación y asegura que, fruto de su desarrollo a lo largo de 2014, ha habido una reducción sustancial de las reclamaciones por retrasos.
No obstante, indica que aún se reciben quejas «en algunas unidades periféricas como Madrid o Santa Cruz de Tenerife». Por ello, la institución dirigida por Soledad Becerril ha recordado «en distintas ocasiones» al Fogasa su obligación de emitir un certificado de actos presuntos a solicitud del interesado transcurrido el plazo máximo de resolución.
«En los casos examinados, tras la intervención de esta institución, Fogasa se ha comprometido a emitir este certificado. No obstante, las quejas recibidas parecen indicar que el Fogasa todavía no cumple con carácter general esta obligación legal», a añade.
RETRASOS EN LAS OFERTAS PÚBLICAS DE EMPLEO
Por otro lado, el informe se centra en el incumplimiento de los plazos de convocatoria de las ofertas públicas de empleo, más allá de los tres años improrrogables que establece el Estatuto Básico del Empleado Público.
Al respecto, denuncia que aún están pendientes de la correspondiente convocatoria los procesos selectivos correspondientes a ofertas de empleo de 2009 y 2010. «En otros casos, ofertas de empleo anteriores están todavía en curso o han finalizado en fechas recientes con varios años de retraso», añade.
El Defensor del Pueblo concreta que es el caso de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en las categoría de médicos de familia, médicos pediatras, diplomados sanitarios de enfermería, matronas, fisioterapeutas y auxiliares de clínica en la Comunidad de Madrid.
«Las pruebas selectivas derivadas de ofertas de empleo público del año 2009 y, en algún caso, como el de los fisioterapeutas, de las ofertas de los años 2006 y 2007, no fueron convocadas hasta septiembre de 2012 y no finalizaron hasta dos años después, en el mes de mayo de 2015», ahonda.
Para cerrar este capítulo, el informe arroja algo de luz sobre las causas. Así, indica que esta situación se superpone a las restricciones de las ofertas públicas de empleo de los años posteriores, que han dado lugar a una participación masiva en los procesos selectivos convocados, «lo que en parte explica el retraso en las convocatorias y la duración de sus procesos selectivos».
SE MANTIENEN LAS QUEJAS SOBRE PRESTACIONES
En el ámbito de la Seguridad Social, el informe señala que, como viene siendo habitual, el mayor porcentaje de quejas recibidas en este ámbito (78%) se refieren a prestaciones, por delante de los asuntos relativos a cotización y recaudación (10,9%).
No obstante, sólo el 29,1% de las quejas son finalmente admitidas, principalmente por no apreciarse indicios de irregularidad administrativa.
En cuanto a las admisiones, el 85% se vinculan por orden al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Por su parte, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha recibió en 2015 el 4,4% de las admisiones, la mayor parte de ellas relacionadas con la actividad de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
El informe concreta también que el 57,7% de los expedientes concluyeron que la Administración había actuado conforme a lo previsto en la normativa, mientras que en el 26,5% de los casos, la actuación se ha corregido.
Los expedientes en los que la tramitación ha concluido con diferencia de criterio ha sido escasos y el mayor número afecta a quejas individuales sobre prestaciones, materia en la que los cierres discrepantes suponen el 3,7% de las conclusiones.
CAMBIO CONSTITUCIONAL SOBRE PENSIONES
La institución ya trasladó a las Cortes en 2013 una petición apoyada por muchos ciudadanos para celebrar un referéndum con vistas a realizar una reforma constitucional que establezca el carácter público de las pensiones y su revalorización automática.
Al respecto, el Defensor del Pueblo recibió el pasado año nuevas firmas sobre este asunto, cifradas por los propios interesados en 170.000, que igualmente se han dirigido a la Presidente del Congreso de los Diputados, así como la petición de los comparecientes de ser recibidos por la Comisión del Pacto de Toledo.
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