La Comisión de Empleo del Congreso aprobó ayer una iniciativa presentada por PSOE, Podemos, ERC, DL, PNV y CC para reclamar al Gobierno la aprobación de un Plan contra la Explotación Laboral que cuente con el consenso de los agentes sociales y que respete las competencias en materia de Inspección de Trabajo que tienen Cataluña y el País Vasco.
La iniciativa partía de una propuesta del PSOE que, finalmente, ha sido ampliada con propuestas del resto de formaciones que, así, han votado a favor de la misma. Sólo el PP y Ciudadanos no se han sumado al texto y han acabado posicionándose en contra.
Según la proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno deberá impulsar con los agentes sociales un Plan contra la Explotación Laboral que movilice los recursos de la Inspección de Trabajo y sancione las conductas fraudulentas que vulneren los derechos de los trabajadores.
Esta propuesta deberá implicar a los gobiernos de todas las comunidades autónomas, especialmente aquéllas que, como Madrid, presentan «las mayores cifras de precariedad y explotación laboral» mediante la aprobación de medidas específicas. Además, el próximo Gobierno tendrá que reforzar la negociación colectiva como mejor vía para prevenir este tipo de conductas.
RÉCORDS DE CONTRATACIÓN PRECARIA
Durante el debate, la portavoz de Empleo del PSOE, Luz Rodríguez, ha advertido de que «se están batiendo todos los récord de contratación precaria» y explotación laboral, una situación que «probablemente» cambiará con «la derogación de las reformas laborales de la crisis y la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores».
«Pero mientras tanto el Gobierno, aunque esté en funciones, tiene capacidad de poner freno a esta situación a través de la Inspección de Trabajo, ahora convertida en policía de las prestaciones y no se dedica a controlar condiciones de trabajo», ha añadido.
Por parte de Podemos, el diputado Miguel Vila ha ironizado con el «olvido» de los socialistas al no reconocer en su iniciativa que la precariedad que se vive hoy es también consecuencia de la reforma laboral aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y ha recordado que sólo derogando tanto esa normativa como la de 2012 del PP se conseguirá mejorar el mercado.
En este sentido, ha advertido a los socialistas de que «van por el camino contrario de lo que necesita el mercado de trabajo y de lo que ha votado la mayoría de la ciudadanía» con acuerdos como el suscrito este miércoles con Ciudadanos para lograr la investidura de Pedro Sánchez, ya que en él se propone «seguir reduciendo aún más las indemnizaciones por despido».
IMPRESCINDIBLE EMPEZAR POR DEROGAR LA REFORMA LABORAL
Jordi Salvador, portavoz laboral de ERC, coincide con este diagnóstico y exige la derogación de las reformas laborales además de un plan contra la explotación «en todas las comunidades autónomas, no sólo en las que tienen mayores índices» porque se trata de una «lacra que afecta a todo el Estado».
Su homólogo en Democracia y Libertad (DL), Carles Campuzano, también considera necesario prestar atención a este problema para que las «necesarias» herramientas de flexibilidad laboral no se acaben convirtiendo en «abusos».
CAMBIO DE TENDENCIA
Por su parte, el portavoz ‘popular’ de Empleo, José Ignacio Echániz, ha negado el panorama negativo del empleo que ha dibujado el PSOE y ha recordado que fue este partido el que destruyó más de 3,5 millones de puestos de trabajo en la pasada legislatura. «La verdad es que ha cambiado el cuento, ha cambiado la tendencia», ha apostillado, subrayando que «donde antes se destruía empleo ahora se crea».
Con respecto al objetivo de la iniciativa, ha asegurado que está «totalmente desenfocado» y es «absolutamente inasumible», y ha recordado que la Ley de Inspección de Trabajo aprobada hace un año exige la elaboración de un Plan Integrado de Actuación de forma «consensuada» con comunidades autónomas y agentes sociales, en el que ya se incluyen medidas de lucha contra los abusos.
De forma similar, el diputado de Ciudadanos Sergio del Campo ha recordado que la normativa reguladora de la Inspección ya contempla como «función principal» garantizar el cumplimiento de las normas sobre relaciones laborales, y ha señalado que para luchar contra este tipo de fenómenos sería más necesario alcanzar la ratio europea de medios humanos a nivel nacional, en lugar de limitarse a una sola comunidad autónoma.
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