El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, órgano de actuación formado por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas del sector de la seguridad privada, ha puesto de manifiesto en las jornadas sobre los ‘Nuevos horizontes formativos y especialización en el sector de la seguridad privada’ que se han celebrado en Madrid que una mayor exigencia en el acceso a la profesión pasa por aumentar y mejorar la formación. En este sentido, el desarrollo de la nueva ley puede ser una gran oportunidad para dignificar un sector estratégico para la seguridad en nuestro país.
El acto celebrado en la Escuela Julián Besteiro, el centro de formación confederal de UGT, fue inaugurado por José Miguel Villa, Secretario General de Fes-UGT, que tras dar la bienvenida a los asistentes resaltó el importante papel del Observatorio.
Tanto Alicia Gómez, responsable de Gestión de Talento de SECURITAS, como Cruz Gutiez, responsable Técnica de Formación Fes-UGT, han coincidido en que sin cualificación no hay avance posible y, aunque en los últimos tiempos se han dado importantes pasos hacia adelante, es necesario seguir trabajando en el refuerzo de la formación.
Asimismo, Gutiez ha destacado el esfuerzo realizado en los últimos tiempos por las empresas en cuanto a programas formativos. Algo que se puede ver también complementado por la nueva Ley de Seguridad Privada ya que, además de proponer la creación de una Comisión técnica para conseguir coherencia en el cumplimiento de losobjetivos sectoriales, pretende coordinar las administraciones competentes en formación, cohesionar el sector y la unidad de acción, anticiparse a necesidades, buscar recursos, y defender los intereses sectoriales.
La certificación de las empresas es tendencia
Otro de los grandes temas abordados en la jornada organizada por el Observatorio Sectorial ha sido la relativa a los requisitos de certificación exigibles a las empresas.
En este sentido, Andrés Sanz, teniente coronel Jefe Servicio SEPROSE de la Guardia Civil, ha señalado que una mayor exigencia a las empresas en cuestiones de certificación supone “garantizar la calidad, el servicio al usuario y evitar que se resienta la seguridad de ciertas infraestructuras”.
Durante la jornada se ha debatido sobre la repercusión de estos nuevos requisitos de certificación a las empresas y sobre la cualificación del personal. Para José Luis Moya, responsable del Área de Gobierno del departamento Security Gas Natural Fenosa, la formación y la especialización son dos de los criterios más relevantes a la hora de contratar un servicio de seguridad privada.
Por su parte, Eduardo Cobas, Secretario General de APROSER, ha señalado que “la certificación sólo tiene sentido si contribuye al estricto respeto de las reglas por parte de todos porque sólo así se permitirá una mayor cualificación y sostenibilidad del sector”. También se ha referido a la importancia de garantizar la máxima fiabilidad de las empresas que certifican a las compañías del sector de la seguridad privada, que cuenten con auditores especializados y establezcan plazos coherentes para este proceso.
Cobas ha destacado asimismo que “se debería avanzar en materia de autorregulación y en el desarrollo de los criterios de selección de los proveedores de seguridad privada”.
Los representantes de los sindicatos, Sergio Picallo, Secretario Sectorial de Seguridad Privada de FeS UGT, Daniel Barragán, Secretario de Negociación Colectiva de Construcción y Servicios de CCOO, y Basilio A. Flebes, Secretario de Formación de TFSPUSO, han puesto en valor la figura del vigilante. Asimismo, han condenado que las Administraciones Públicas contraten empresas que no cumplen con la normativa vigente.
Un sector estratégico
Por su parte, Esteban Gándara, comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, ha señalado que “la seguridad privada es un sector estratégico” y ha puesto en valor las nuevas funciones de los vigilantes de seguridad privada que reconoce la Ley de Seguridad Privada de 2014.
En la clausura de la jornada el presidente de Aproser, Ángel Córdoba, ha explicado que “en menos de 18 meses, el sector ha sufrido dos decretos ley que han incrementado sus costes laborales en más de un 4%, algo que en una actividad con márgenes comerciales prácticamente inexistentes en el territorio nacional dificulta sensiblemente la mejora de los convenios colectivos, la creación de empleo de calidad y la inversión en el sector”.
Por no hablar de la reforma laboral que, según Ángel Córdoba, para empresas intensivas en mano de obra, como es el caso de las empresas de seguridad privada, “ha facilitado, sin ser muy conscientes de ello, dudosos procesos de descuelgue de condiciones laborales o convenios de empresa, que ya impactan en más de 10.000 trabajadores con una disminución media de sus salarios superior al 10%, y algunos de ellos con porcentajes que incluso llegan al 30% con respecto a lo establecido en el convenio colectivo”. “Esta situación _ añade Angel Córdoba_ ha generado una cada vez más extendida competencia desleal en los procesos de licitación pública basada, casi exclusivamente, en el precio ofertado para la adjudicación del servicio”.
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