El Ministerio de Empleo subcontrató a personal sin la debida formación para gestionar las prestaciones que se acumulaban en los cajones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en los últimos años, según el informe de auditoría de las cuentas del organismo correspondientes a 2014 llevada a cabo por la Intervención general de la Administración del Estado (IGAE).
El Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 24 de diciembre publicaba esta auditoría junto a las cuentas anuales de 2014 del Fogasa, organismo encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes.
Las cuentas del Fogasa reflejan que durante 2014 se tramitaron un total de 276.589 expedientes que suponen un importe de gasto por prestaciones de 2.288,5 millones de euros, un 99% del total de los gastos de gestión ordinaria, como adelanta el diario digital ‘Voz Populi’.
Sin embargo, la Intervención explica que no existe una normativa reguladora del pago de estas prestaciones, salvo en el caso de las derivadas de despido improcedente, lo que se traduce en «la imposibilidad para pronunciarse sobre el cumplimiento de la legalidad de las resoluciones de pago de prestaciones y la consecuente comprobación de los pagos realizados».
Según la Intervención, desde el 1 de octubre de 2014 el Fogasa contó con un manual general de procedimiento para la gestión de expedientes de prestaciones. No obstante, añade que éste no incluía la regulación de todos los supuestos identificados sistemáticamente y que faltaban, por ejemplo, los relativos a las prestaciones por responsabilidad subsidiaria o por concurso de acreedores.
Además, el informe señala que esta ausencia de normativa derivó en la aplicación por parte de las distintas unidades, «incluso por diferentes personas dentro de la misma unidad», de criterios dispares en el cálculo de las prestaciones.
Más aún, la IGAE explica que «esta situación se vio agravada» en el ejercicio 2014 por la encomienda de gestión realizada por el Ministerio de Empleo a la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A (Tragsatec), conocida como Proyecto Greta, en agosto de 2013 por casi 3,27 millones de euros, dado el alto volumen de expedientes que se encontraban atascados en el Fogasa.
Según la Intervención, la naturaleza de esta empresa en la que se externalizó parte de la gestión de prestaciones supuso que los expedientes fueran tramitados por personal «sin la experiencia ni la formación adecuada».
El número de expedientes asignados al proyecto Greta ascendió a 148.260, con un total de 1.369,6 millones de euros abonados, el 59,8% del total del gasto en prestaciones abonado.
El Tribunal de Cuentas ya se manifestó sobre este asunto en enero de 2015 en el ‘Informe de fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones abonadas por el Fogasa, ejercicio 2013’.
El Tribunal de Cuentas apuntaba que este contrato «no debió aceptarse desde el punto de vista de la legalidad vigente» ya que entre las actividades en las que Tragsa está especializada no se cuenta ninguna administrativa, sino agrícolas, ganaderas o medioambientales.
De hecho, aunque los empleados de la empresa pública debían destinarse únicamente al tratamiento de expedientes, el organismo fiscalizador cree que existen «indicios de extralimitación de dichas funciones», lo que podría suponer una vulneración, entre otras, de la Ley de Protección de Datos.
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