CC.OO. y UGT formalizarán mañana la denuncia del III convenio único del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE), que afecta a un colectivo de 50.000 personas, para obligar al Gobierno a abrir un proceso de negociación en el plazo máximo de un mes.
Según ha señalado CC.OO. en un comunicado, la denuncia de este convenio «tiene mucho que ver» con la sensación que tienen los trabajadores de que el texto actual «ha agotado su recorrido y precisa de una revisión y mejora en profundidad».
Pero, especialmente, la denuncia se debe a los «reiterados incumplimientos» del convenio vigente por parte del Gobierno y «la imposición de un deplorable esquema de negociación» que ha impedido su desarrollo, precisa el sindicato.
Mediante esta denuncia, CC.OO. y UGT obligan al Gobierno a iniciar la negociación sobre la regulación de las condiciones de trabajo de su personal laboral en el plazo máximo de un mes.
Ambos sindicatos han acordado los objetivos principales para la negociación de este convenio y que pasan, fundamentalmente, por la devolución de los derechos «sustraídos» por el Gobierno en materia de empleo, salarios, jornada, acción social y formación; recuperación del volumen de empleo perdido; desarrollo de la carrera profesional y el sistema de provisión de puestos, y adaptación de la clasificación profesional al Estatuto Básico del Empleado Público y al marco educativo.
Los sindicatos subrayan que las principales reivindicaciones acordadas para la negociación de este convenio (empleo, clasificación profesional, retribuciones o carrera profesional) son de aplicación a todo el personal de la Administración del Estado, con independencia de si es personal laboral o funcionario.
«Son aspiraciones del conjunto de las empleadas y empleados públicos y estas reivindicaciones deben impulsar también el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público en la Administración General del Estado», afirma CC.OO.
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