El secretario de Acción Sindical Confederal de CCOO, Ramón Górriz, ha insistido en la necesidad de «derogar» la reforma laboral, de 2012′, y «reponer los derechos de los trabajadores». Para ello, hay que contar «con un nuevo marco donde exista una carta de derechos de los trabajadores, donde se recojan el trabajo como elemento central para que la sociedad sea democrática y haya cohesión social».
En declaraciones a Europa Press, Górriz, que participa en la I Jornada de la Escuela Sindical FOREM-CCOO, junto al secretario general del sindicato en La Rioja, Jorge Ruano, y el máximo responsable del Gabinete Jurídico Interfederal de CCOO, Enrique Lillo, ha apuntado que la reforma laboral «ha sido una Ley al servicio de los beneficios de las élites económicas, políticas y financieras para devaluar los salarios».
Ha destacado que ha supuesto «un trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital, para incrementar el poder empresarial y debilitar la negociación colectiva».
Por ello, ha reseñado la necesidad de «derogar» dicha Ley, algo que han propuesto a los partidos políticos que concurrirán a las próximas elecciones generales.
Además, les han reclamado, para «combatir la desigualdad y la pobreza», que en el primer año de legislatura el Salario Mínimo Interprofesional se sitúe en los 800 euros, así como se «deben incrementar los salarios». «Ha acabado la época de la devaluación salarial», ha añadido Górriz, para a continuación recordar que «estamos saliendo de la recesión, que no de la crisis, porque de la crisis no saldremos mientras no se recuperen los estándares de las personas».
APOSTAR POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA
El secretario de Acción Social ha indicado que «hay que apostar por la negociación colectiva, y más por los convenios del Sector que por los de empresa, porque éstos últimos solo han servido para devaluar y reducir las condiciones y los salarios». Además, «hay que cambiar la legislación sobre el despido, erradicando las causas que sirven a los intereses de los empresarios para destruir empleo» e «incrementar las indemnizaciones de los despidos, y cuando sale improcedente, ha de ser el trabajador el que decida si quiere volver a la empresa, y no el empresario».
Para Górriz en España hace falta una «nueva política económica, que desarrolle un tejido productivo, y con presupuesto real apueste por la I+D+I, para que haya una industria potente», así como «erradicar» la LOMCE siendo la educación pública desde los 3 a los 18 años. También «debe haber una sanidad pública, frente a las privatizaciones que se pretende».
El secretario Confederal ha indicado que se debe pagar las prestaciones del Sistema de Dependencia, porque «no se puede decir que no hay dinero, ya que si ha habido dinero para rescatar a la banca, tiene que haberlo para la Ley de Dependencia». En este punto, ha exigido también dinero para las «prestaciones por desempleo que se han reducido cuando más necesario es que las tengan las personas».
Sobre este asunto, ha recordado que es «importante» la propuesta realizada por su sindicato y por UGT de que «debe haber una prestación de ingresos mínimos para esos 770.000 hogares en España con todas las personas en paro, o para los 2 millones de personas que no reciben salario laboral».
REFORMA FISCAL
Para lograr los ingresos «es preciso una reforma fiscal que grave con más impuestos a quiénes tienen más ingresos, y no cargue sobre los trabajadores la subida de impuestos, como el IVA que es injusto». Además, debe haber una «voluntad real de acabar con el fraude fiscal».
En materia de contratación, Górriz ha incidido en la «necesidad de que a un trabajo fijo le corresponda un contrato indefinido», ya que «por primera vez en España más del 50 por ciento de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, son trabajadores con contratos temporales o contratos a tiempo parcial, y con salarios indecentes». Esto «pone en peligro los ingresos de la Seguridad Social, y por tanto las pensiones».
Por su parte, Ruano ha criticado los «efectos perversos» que ha tenido la Reforma Laboral sobre los despidos, en una primera fase, y, en una segunda, sobre las condiciones y las reducciones salariales de los trabajadores. También ha aludido que ha supuesto el «desmantelamiento de la negociación colectiva para deteriorar las condiciones de trabajo, y pasar las rentas de trabajo a beneficio empresarial».
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