El PP ha rechazado la posibilidad de pedir al Gobierno que incremente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2016 con la vista puesta en que alcance el 60% del salario medio en 2020, alegando que la economía española aún no está «en esa fase» y que esa medida perjudicaría al empleo, sobre todo en las pequeñas empresas.
En el Pleno del Congreso, el diputado de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Carles Campuzano, ha defendido que «el periodo de la devaluación salarial imprescindible para hacer frente a la crisis debe finalizar», como muestran las negociaciones de los agentes sociales, por lo que ha llegado el momento de que el Gobierno incremente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Dado que cuando esa decisión se apruebe las Cortes ya estarán disueltas por la convocatoria de elecciones, los nacionalistas catalanes plantean ahora este debate para evitar una nueva congelación de este indicador en aras a «distribuir mejor el crecimiento» después de que los costes de la crisis hayan recaído más sobre una parte de la población que sobre otra.
«Es una medida absolutamente imprescindible. Estamos convencidos de que así se impulsará una recuperación justa y sostenida, porque aumentos moderados y paulatinos del SMI no afectan al empleo pero pueden estimular la inversión empresarial en formación y tecnología para mejorar su productividad», ha insistido, subrayando que el objetivo es que en 2020 el Salario Mínimo equivalga al 60% del salario medio.
EL PSOE LO SUBIRÁ
La diputada socialista Teresa Rodríguez Barahona ha recordado que «el Salario Mínimo en España no alcanza las condiciones mínimas de subsistencia de los trabajadores y sus familias» por lo que es necesario «dignificarlo» y cumplir con los compromisos asumidos al firmar la Carta Social Europea, incrementando el SMI «por justicia social y por economía».
«Es una cuestión de voluntad política», ha afirmado, subrayando que el PSOE siempre ha subido el SMI, independientemente de la coyuntura económica, mientras el PP decreta una congelación «bochornosa» cuando aumentan los beneficios empresariales. Además, ha recordado las consecuencias que esta medida tiene para la Seguridad Social y para la economía y ha asegurado que si el PSOE gana las elecciones incrementará el Salario Mínimo.
Joan Coscubiela, portavoz adjunto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ha advertido de que las economías que tienen exceso de algún factor, «se llame petróleo barato o trabajadores baratos, se vuelven ociosas», por lo que es conveniente subir el Salario Mínimo, algo por lo que su grupo lleva «pleiteando» toda la legislatura.
No obstante, ha recordado que la «degradación» del SMI es «sólo una parte» de la política de devaluación salarial, con la reforma laboral de 2012 como clave en esa estrategia, y ha recordado que para que esta medida tenga efecto hace falta también «descongelar» el IPREM.
POR JUSTICIA SOCIAL
Por su parte, el portavoz económico de UPyD, Rafael Calduch, coincide en que «hace falta aumentar el SMI para compensar el coste injusto y desigualmente» repartido de la crisis tanto por razones de «justicia social» como por motivos económicos, argumentando que esa medida sería «saludable» para la inflación y beneficiaría al consumo y, por tanto, al empleo. No obstante, ha reclamado precisar el porcentaje de subida en el 5%, una cifra «asumible».
Por el PNV, Emilio Olabarria cree que el Salario Mínimo español «raya una cantidad vergonzante» y vincula ese dato con las brechas sociales y el aumento de la pobreza. Además, coincide en que la reforma laboral de 2012 tiene mucha culpa de esta situación, al haber debilitado la negociación colectiva, y advierte del efecto que este bajo SMI tiene en la economía en general. «Subirlo es un requerimiento social y económico», ha añadido.
Para Iker Urbina, de Amaiur, es «más apropiado» hablar del «Salario Mínimo Digno» y comparte que debe estar en la línea del 60% del salario medio. «Pero no es casual que actualmente sea la mitad de la cuota que convendría», ha señalado, achacando esta situación a las políticas de los últimos gobiernos, que han «priorizado los intereses de las grandes élites económicas».
ES COSA DE LOS AGENTES SOCIALES
Sin embargo, el portavoz adjunto del Grupo Popular Antonio Gallego cree que España aún no está «en una fase» de crecimiento suficiente para subir el SMI en unos 300 euros, que es lo que haría falta para llegar al 60% del salario medio, y ha advertido de que eso impactaría en los precios, en el empleo –sobre todo en las pequeñas empresas– y en la productividad.
Además, considera que «violentaría» la filosofía de moderación salarial pactada por los agentes sociales y rechaza la posibilidad de que el Gobierno sustituya ese diálogo social. En este sentido, ha recordado que el objetivo de la Carta Social Europa es sólo «una recomendación, no una obligación», y ha señalado que el SMI afecta actualmente a unas 150.000 personas, «ni el 1% de los cotizantes».
Finalmente, Gallego ha tachado de «grotesco» que CDC «venga a dar lecciones de política económica» cuando sólo se «dedica a trabajar en exclusiva a romper un país en dos» porque «gobernar están gobernando poco» en Cataluña.
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