28 de diciembre de 2024

CEOE pide reducir el coste del despido y no penalizar contratos temporales

Las patronales CEOE-Cepyme han elaborado un documento de cara a las elecciones generales del mes de diciembre en el que proponen un conjunto de reformas en materia laboral, como eliminar la dualidad entre la contratación temporal e indefinida, con un «mayor acercamiento» entre la indemnización por despido objetivo y por terminación del contrato temporal.

 En el documento, titulado ’15 reformas para consolidar la recuperación’, también apuesta por vincular la prestación del paro al «seguimiento del proceso de empleabilidad diseñado para cada persona y al aprovechamiento de la formación ofrecida», garantizando, por un lado, que no haya situaciones de desatención social, pero por otro lado, que se pueda «suprimir la prestación por incumplimiento del proceso de empleabilidad». 

En la misma línea, pide introducir mecanismos para asegurar que los desempleados que cobran una prestación llevan a cabo una «búsqueda activa de empleo desde el primer día», dado que, según la patronal, es más útil para el mercado laboral pagar la activación del desempleado que su mera permanencia en el desempleo. 

Por todo ello, asegura que resulta «imprescindible» el desarrollo de más mecanismos que permitan una «mayor compatibilización» de la percepción de los subsidios por desempleo con percepciones salariales correspondientes al trabajo realizado en una empresa, ya que se posibilita la reincorporación de los parados al mercado laboral.

 En cuanto a las reformas del mercado de trabajo, CEOE apuesta por racionalizar las modalidades contractuales y el régimen de bonificaciones a la contratación, sin perjuicio de la pervivencia de los contratos fijos discontinuos, haciendo incluso posible la conversión de contratos fijos ordinarios en fijos discontinuos y bonificando el proceso inverso. 

CONTRATO TEMPORAL ESPECÍFICO PARA LAS ETT 

Asimismo, aboga por fomentar la contratación indefinida, pero también por reconocer la virtualidad de la contratación temporal justificada, «que debe preservarse para mantener una adecuada gestión empresarial y no penalizarse especialmente», ni en materia de cotizaciones ni en indemnizaciones. 

Así, propone crear un contrato temporal específico para las empresas de trabajo temporal (ETT), compatible con el uso de las otras modalidades de contratación temporal directa o a través de las mismas, y relacionado con actividades de corta o muy corta duración. 

CEOE-Cepyme también apoyan «descausalizar» por negociación colectiva la contratación temporal, de forma que la negociación colectiva pueda establecer una duración máxima de los contratos temporales sin necesidad de que el empresario tenga que alegar una causa temporal para el contrato.

 Igualmente, pide redefinir el contrato por obra o servicio eliminando el límite máximo actual de tres años, así como mejorar y potenciar el contrato a tiempo parcial, reduciendo su «complejidad y rigidez actual» y posibilitando una distribución «más flexible» del tiempo de trabajo. 

CONTRATOS PARA JÓVENES CON FLEXIBILIDAD DE JORNADA Y SALARIO

 En materia de contratos a jóvenes, apuesta por contratos formativos que «flexibilicen las condiciones de jornada y el salario» y, para ello, propone un contrato para la formación y el aprendizaje, vinculado a la formación, y por un periodo de tres años, tanto en el caso de que se indefinido como temporal. 

También pide más «flexibilidad interna» para las empresas, por lo que defiende un «régimen más ágil y eficaz de modificación de las condiciones de trabajo», así como una mayor adaptabilidad de la distribución de la jornada por parte de las empresas y la ampliación del número de horas ordinarias diarias y de horas extraordinarias anuales –especialmente en las pymes–, sin que lleve aparejado un agravamiento de las cargas sociales para las empresas. 

Así, pide suprimir la «rígida exigencia» formal del registro día a día de la jornada de cada trabajador y su totalización en el periodo fijado para el abono de las retribuciones. 

Para evitar que los tribunales ‘tumben’ algunas extinciones de contratos, la CEOE apuesta por limitar la posibilidad de impugnar judicialmente los despidos colectivos cuando haya acuerdo en el periodo de consultas, así como prescindir de las declaraciones de nulidad por los tribunales por meros defectos formales, «eliminado las rigideces del procedimiento y la valoración de los jueces de la adecuación o no» de los despidos colectivos, limitando la nulidad de los mismos sólo a los casos de ausencia de periodo de consultas. 

Sobre la negociación colectiva, pide su modernización para hacer el sistema más ágil y eficaz, incluyendo nuevas materias a tratar en la misma, resolver «con claridad» las consecuencias derivadas del cese de la ultraactividad de los convenios en el supuesto que no se puede aplicar otro convenio, eliminar la extensión obligatoria de convenios y avanzar en el uso de los sistemas autónomos de solución de conflictos. 

ADELANTAR LA JUBILACIÓN A LOS 67

 En materia de Seguridad Social, además de volver a insistir en la rebaja de cotizaciones sociales, la patronal pide profundizar en la reforma de 2011 para revisar el periodo transitorio de implantación de la edad legal de jubilación a los 67 años (ahora no se llegará a esta edad hasta 2027), así como ampliar a toda la vida laboral el cómputo para determinar la cuantía de la pensión. 

También apuesta por financiar mediante impuestos algunas prestaciones financiadas ahora por la Seguridad Social, como el caso de las pensiones de viudedad, orfandad, maternidad, paternidad y riesgos durante el embarazo, ya que se sitúan, a su juicio, en la esfera no contributiva, al igual que las prestaciones de riesgo durante la lactancia y de cuidado de menores afectados por cáncer o enfermedad grave. 

Además de las medidas en materia laboral, CEOE-Cepyme también plantea un conjunto de medidas en otros ámbitos y advierte de que sin reformas no habrá una recuperación sostenida ni sostenible. Así, pide reformar las administraciones públicas, impulsar la unidad de mercado, seguir con el proceso de consolidación fiscal, coordinar la política fiscal suprimiendo muchos de los casi 100 impuestos autonómicos, promocionar la exportación, mejorar la formación profesional, un pacto de estado en materia industrial o ampliar el gasto en I+D+i.

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