El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha mostrado este martes partidario de aprovechar la próxima legislatura para negociar nuevos avances en la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, de modo que el Estado garantice el cobro de las pensiones.
Así lo ha señalado durante su defensa, ante el Pleno del Congreso, del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, contra el que todas las formaciones de la oposición (salvo UPN, socio electoral de los ‘populares’) han presentado enmienda de totalidad.
«El Gobierno es muy consciente de que en la próxima legislatura será conveniente que en el Pacto de Toledo se avance en la división de fuentes de financiación, para que sea desde el Estado desde donde se hagan las aportaciones al sistema público que garanticen el cobro de las pensiones», ha dicho el ministro.
De hecho, en las últimas semanas ya se había puesto sobre la mesa este debate, después de que el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, planteara la posibilidad de financiar con cargo a presupuestos pensiones como las de orfandad o viudedad, en aras a garantizar la sostenibilidad de los ingresos del sistema.
«NO SE PUEDE PONER EN DUDA»
En este sentido, Montoro ha precisado que el cobro de las pensiones «no es que esté en riesgo», sino que «ni siquiera se puede poner en duda» porque es «el primer gasto social» en la lista de prioridades del Ejecutivo.
«Los pensionistas tienen que tener garantizado que el Estado estará siempre detrás de ellos y que hará las aportaciones correspondientes para garantizar su cobro, igual que otras prestaciones por desempleo. Obviamente, renunciando a otro tipo de gastos, pero dando prioridad al principal: el de la cohesión social», ha insistido, provocando el aplauso de los diputados de la bancada ‘popular’.
Al inicio de la legislatura, el Ejecutivo de Mariano Rajoy culminó la separación de fuentes de financiación a la que había instado el Pacto de Toledo al financiar completamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en lugar de a las cotizaciones sociales, los complementos a mínimos y la totalidad de las pensiones no contributivas.
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