El Gobierno ha trasladado a los sindicatos que las pensiones contributivas y no contributivas subirán previsiblemente un 0,25% en 2016 en aplicación del índice de revalorización incluido en la última reforma. De esta forma, será el tercer año consecutivo que las pensiones suben en esa cuantía.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes sindicales tras la reunión mantenida en el Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), posterior al tuvo lugar este miércoles en el Inmserso y el que se llevará a cabo previsiblemente esta tarde en el Servicio Público de Empleo (SEPE), antes de que el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año.
Las mismas fuentes han precisado que el Gobierno ha trasladado esta información «verbalmente», sin que haya mediado un documento previo, con lo que «se reserva la posibilidad de introducir cambios de última hora».
El ministro de Economía, Luis de Guindos, avanzó este jueves que «se aplicará la ley» de sostenibilidad en materia de pensiones y la fórmula de revalorización introducida en la última reforma de pensiones, que tiene en cuenta los gastos e ingresos del sistema y establece una subida mínima del 0,25% y un techo máximo del IPC más un 0,50%.
Esta decisión se sostendría sobre la previsión de que la Seguridad Social incurra en un déficit del 0,3% del PIB durante el próximo año, como estaba previsto en el último Plan de Estabilidad.
Además, el Ejecutivo ha informado a los sindicatos de que el gasto estimado en el presupuesto de la Seguridad Social sería de 140.933 millones de euros, un 3,5% más que en 2015, lo que equivale al 10,4% del PIB. Sólo el gasto en prestaciones ascendería a 136.814 millones de euros, un 3,09% más.
Además, el gasto en personal asciende un 1,51%, lo que a la vista de los sindicatos implicaría una subida salarial de entre el 0,5% y el 1%, una vez descontada la tasa de reposición de personal.
Además, el Gobierno ha trasladado a los sindicatos que prevé incrementar las bases máximas y mínimas de cotización en torno a un 1%, tanto para los trabajadores del Régimen General como para los autónomos.
En este punto, los sindicatos critican que el Gobierno desoye el mandato del Pacto de Toledo de tender hacia una equiparación de las bases de cotización de ambos regímenes.
Explican que las bases de cotización de los autónomos rondan los 900 euros, con lo que deberían experimentar un incremento superior a las del Régimen General como ha ocurrido en años anteriores.
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