Salvo los 15 parlamentarios de Podemos y los 5 de Izquierda Unida, el resto de fuerzas políticas representadas en la cámara andaluza (PSOE, PP y Ciudadanos)cobrarán este próximo mes de agosto 2.000 euros en concepto de dieta por alojamiento y manutención, si bien no existe actividad programada por ser un mes inhábil.
Así lo recoge una información publicada por el diario El Mundo este domingo, recordando que solo el abono por estas indemnizaciones supone 140.000 euros a las arcas públicas andaluzas.
Según el diario madrileño, el Parlamento ha confirmado a fecha de hoy que no ha recibido notificación de ningún grupo renunciando a la indemnización por alojamiento y manutención correspondiente al mes de agosto, aunque no todas las formaciones darán el mismo uso. En el caso de Podemos, los 15 parlamentarios con los que cuenta la organización dirigida por Teresa Rodríguez donarán el importe de la dieta «a fines sociales», como ya han hecho con parte de las indemnizaciones en abril y en mayo.
Los diputados de Izquierda Unida, por su parte, tampoco cobrarán de manera nominativa esta dieta, ya que esta cuantía pasará a la caja de la organización «dada la complicada situación financiera» que atraviesa la formación. Una decisión que por cierto será ampliada al resto del año, «detrayendo los gastos de alojamiento y transporte cuando haya sesión parlamentaria».
Ciudadanos, la otra formación que junto a Podemos consiguió representación en el Parlamento andaluz por primera vez, ha indicado que sí cobrarán dicha dieta, que en su opinión, debe formar parte del sueldo de los diputados «para que coticen y tengan la retención del IRPF correspondiente». Además, según un portavoz de Ciudadanos, los parlamentarios de este grupo seguirán trabajando en agosto, lo que ya justifica el cobro de la dieta.
El silencio del PP y del PSOE
Los dos principales grupos del Parlamento andaluz, PSOE y PP, han aludido aclarar su posición respecto al cobro de la dieta de agosto. El periódico recuerda que cuando surgió esta polémica en años anteriores, ambas formaciones han abogado por conocer las conclusiones del informe de los servicios jurídicos de la Cámara.
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