La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso, reunida con competencia legislativa plena, ha aprobado con los votos de PP, PSOE y UPyD y las abstenciones de Convergencia, PNV, BNG e IU-ICV el proyecto de ley de reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo, que ahora pasará al Senado, aunque con notables cambios.
Y es que el PP ha aceptado introducir 49 enmiendas al texto, 38 de ellas transaccionadas con otros grupos, con el fin de conseguir el mayor consenso posible y lograr que la ley sea estable en el tiempo, en palabras de la diputada ‘popular’ Celia Villalobos.
Entre los cambios introducidos, destacan los que afectan al ‘cheque formación’, al papel de los agentes sociales en el sistema, a los centros públicos formativos y a la posibilidad de que empresas de menos de 50 trabajadores puedan agruparse para facilitar su acceso a la formación.
En cuanto al ‘cheque formación’, una de las medidas que menos gusta a la oposición, el PP ha aceptado delimitarlo para evitar posibles casos de fraude, de tal manera que los desempleados podrán elegir el centro donde quieren recibir la formación y será la Administración la que se encargue de abonar al centro este cheque. Su implantación será consultada previamente con sindicatos y empresarios y, las comunidades autónomas, en Conferencia Sectorial, podrán determinar los criterios a seguir.
«Vamos a dar la oportunidad de que este cheque funcione, y si no, se quitará. Hemos hecho un esfuerzo para buscar una salida aceptable en su conjunto. La Administración será la que pague al centro, el trabajador no irá con el cheque por ahí. Hemos acotado mucho el tema para evitar que haya fraude», ha explicado Villalobos.
Respecto al papel de sindicatos y empresarios en el nuevo modelo de formación (se les retira de la gestión directa porque el sistema se abre a la concurrencia competitiva), el PP ha aceptado introducir una serie de enmiendas para destacar que tienen un rol fundamental en la formación, aunque reglamentariamente se concretarán determinados aspectos.
«Ese papel fundamental no estaba, pero ahora ya está», ha dicho Villalobos, que ha aprovechado su intervención para lanzar varios dardos a la CEOE.
En primer lugar, la diputada ‘popular’ ha subrayado que este proyecto de ley no llegó al Congreso con el consenso de los agentes sociales porque «la patronal considera que las cuotas de formación son suyas». «A partir de ahí, es muy complicado poder pactar algo», ha criticado. Villalobos también ha sugerido a la CEOE que forme a sus propios directivos, «porque algunos están un poquito obsoletos».
AGRUPAMIENTO EMPRESARIAL
Por otra parte, el PP ha admitido enmiendas de varios grupos para que las empresas de menos de 50 trabajadores puedan agruparse para recibir formación y compartir así los costes, al tiempo que ha aceptado introducir una partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para dotar de fondos a la red de centros públicos formativos.
El PP también ha introducido una enmienda para que las comunidades autónomas puedan, «dentro de una horquilla», adecuar los costes de los módulos formativos, teniendo en cuenta que los costes laborales no son los mismos en todos los territorios.
Uno de los temas a los que más importancia han dado el PSOE e IU-ICV es la posibilidad de que los fondos de formación que no hayan sido empleados en un año puedan utilizarse en el ejercicio siguiente. En este sentido, el PP ha transaccionado una enmienda con el PSOE para que los remanentes de crédito al final de cada ejercicio se incorporen a los créditos de siguientes ejercicios.
La reforma del sistema de formación para el empleo persigue, según el Gobierno, mejorar la calidad de los cursos para el acceso a puestos de trabajo más cualificados y dotar al sistema de mayor transparencia para evitar nuevos casos de fraude en este ámbito, para lo cual aparta a sindicatos y patronal de la gestión directa, que se abre a la libre concurrencia.
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