El PSOE quiere «matar» el Inem (ahora denominado Servicio Público de Empleo Estatal) y sustituirlo por una Agencia Pública de Empleo que no sólo ayude a los parados a gestionar sus prestaciones, sino que también les ofrezca orientación e intermediación laboral para que puedan regresar al mercado de trabajo cuanto antes.
La secretaria socialista de Empleo, Luz Rodríguez, ha explicado este martes, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, que el PSOE quiere hacer una nueva política de empleo y establecer un nuevo marco laboral, con la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, acorde a los nuevos tiempos.
Rodríguez ha señalado que los servicios públicos de empleo cuentan con «excelentes profesionales», aunque ha precisado que hoy en día no están preparados para ejercer labores de intermediación y orientación laboral. «Queremos prepararlos para esa nueva Agencia Pública de Empleo», ha subrayado.
La responsable socialista ha apuntado además otras iniciativas que formarán parte del programa con el que el PSOE concurrirá a las próximas elecciones generales: la supresión de las bonificaciones a la contratación por su «ineficacia» y el traslado a las comunidades autónomas de la gestión del empleo.
Respecto a las bonificaciones, a las que se destina un tercio de todo lo invertido en políticas activas de empleo, Rodríguez ha insistido en que se han demostrado ineficaces para crear empleo y «discriminan» entre los empresarios, pues los que tienen asesoramiento las aplican y pagan menos por contratar a un trabajador, mientras que los que no están bien informados no se benefician de ellas. «Se necesita más transparencia», ha dicho Rodríguez.
GESTIÓN AUTONÓMICA DEL EMPLEO
En cuanto al traspaso de la gestión de empleo a las comunidades autónomas, la responsable socialista ha explicado que la idea es que éstas puedan, además de gestioonar las prestaciones por desempleo, ocuparse la recualificación y formación de los parados. Todo en un mismo sitio y sin tener que ir de ventanilla en ventanilla.
«Lo que queremos es situar las politicas activas y pasivas en el mismo lugar. Que se pueda cobrar la prestación y salir también de una oficia con una política activa de empleo bajo el brazo», ha apuntado.
Eso sí, Rodríguez ha aclarado que ello no supondría que no existiera control sobre la gestión autonómica, ya que el Gobierno central marcaría los objetivos de la política de empleo, la forma de lograrlos y controlaría los fondos, que además estarían vinculados al cumplimiento «estricto» de objetivos.
«Pero donde mejor se diseña la política de empleo es en el territorio de acuerdo con el perfil de los parados, del tejido industrial, de las fortalezas de sus economías, pero los objetivos, inversiones y el control de la inversión tiene que seguir en manos del Gobierno de la Nación», ha precisado.
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