24 de noviembre de 2024
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Gobierno, empresarios y sindicatos presentan la Estrategia de Salud Laboral 2015-2020

 La ministra de Empleo, Fátima Báñez; los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, respectivamente, han presentado este lunes la Estrategia para la Salud y la Seguridad en el Trabajo 2015-2020, aprobada el pasado viernes en Consejo de Ministros.
   Los sindicatos esperan que esta Estrategia empiece a funcionar en septiembre, según ha señalado el secretario general de UGT, Cándido Méndez. Además, ha manifestado la importancia de que se lleve a cabo una convocatoria urgente entre las partes para aprobar el primer plan bienal -de los tres que componen la Estrategia–.
   Esta iniciativa también contempla el compromiso para promover la mejora en la prevención de riesgos laborales en todas las empresas, pero sobre todo en aquellas que presenten un mayor riesgo, como es el caso de las pymes.
    En esta línea, Méndez ha calificado este objetivo como «imprescindible» y ha añadido que desde la organización se pide favorecer la actuación de los sindicatos en la lucha contra la siniestralidad laboral. Así, ha señalado la relevancia que tendría desarrollar programas conjuntos entre la patronal y los sindicatos para acercar la prevención a las empresas.
   Después de años de estabilidad, en el año 2013 se registró un incremento del número de accidentes y de incidencias laborales en algunos sectores y en 2014 estas cifras han aumentado en términos absolutos. Así, cada día fallecen dos personas por accidente laboral; 11 trabajadores padecen un accidente de carácter grave; 1.309 uno de carácter leve; 1.912 registran accidentes sin baja y 63 trabajadores una enfermedad relacionada con el trabajo.
   Este acuerdo nace con el objetivo de mejorar el entorno laboral y, para ello, facilitar a las empresas, sobre todo a las de pequeño y mediano tamaño, el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Además, persigue las mejoras continuas en las condiciones de trabajo, con especial atención en las enfermedades relacionadas con el trabajo.
LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE LABORAL.
   Durante la presentación de esta Estrategia, cuya financiación asciende a 36 millones de euros, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha defendido la lucha contra el fraude laboral, que ha definido como un «atentado». Así, ha afirmado que «no se puede hablar de calidad en el empleo» sin luchar contra el trabajo no declarado. En este contexto, la ministra ha anunciado que se llevarán a cabo nuevas reformas en este apartado, pues el contrato aporta la seguridad de un empleo digno y de futuras prestaciones.
   Asimismo, la responsable de Empleo ha manifestado la importancia de que el empleo sea estable, ya que «no hay calidad en el empleo sin empleo estable». Para ello, pidió a las empresas que continúen con su apuesta por la contratación indefinida, que, según los datos de la EPA del primer trimestre, ya supone el 62% de los contratos. En este sentido, ha afirmado que se trata de una apuesta que también es rentable para las empresas, ya que de esta manera pueden mantener posiciones competitivas sostenibles.
   Por su parte, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha pedido que se lleve a cabo una inversión eficaz en este ámbito, para que se puedan reducir gastos que pasarían a ser innecesarios. Además, ha asegurado que «no se puede bajar la guardia» ante la seguridad y la salud en el trabajo, en un contexto en el que el 40% del tejido empresarial está formado por pymes, donde lograr estos objetivos es «mucho más complicado».
   Para Rosell, las normas deben evolucionar al ritmo de la economía real y ha recalcado que los datos de accidentalidad son buenos, ya que si han vuelto a crecer un poco ha sido debido a que «la economía a vuelto a tirar más que otros años».
   En la jornada también intervino el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, quien ha hecho referencia al cambio en las condiciones de trabajo para asegurar que es más difícil exigir condiciones adecuadas «cuando existe el temor fundado a la pérdida del puesto de trabajo».

 La ministra de Empleo, Fátima Báñez; los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, respectivamente, han presentado este lunes la Estrategia para la Salud y la Seguridad en el Trabajo 2015-2020, aprobada el pasado viernes en Consejo de Ministros.

   Los sindicatos esperan que esta Estrategia empiece a funcionar en septiembre, según ha señalado el secretario general de UGT, Cándido Méndez. Además, ha manifestado la importancia de que se lleve a cabo una convocatoria urgente entre las partes para aprobar el primer plan bienal -de los tres que componen la Estrategia–.

   Esta iniciativa también contempla el compromiso para promover la mejora en la prevención de riesgos laborales en todas las empresas, pero sobre todo en aquellas que presenten un mayor riesgo, como es el caso de las pymes.

    En esta línea, Méndez ha calificado este objetivo como «imprescindible» y ha añadido que desde la organización se pide favorecer la actuación de los sindicatos en la lucha contra la siniestralidad laboral. Así, ha señalado la relevancia que tendría desarrollar programas conjuntos entre la patronal y los sindicatos para acercar la prevención a las empresas.

   Después de años de estabilidad, en el año 2013 se registró un incremento del número de accidentes y de incidencias laborales en algunos sectores y en 2014 estas cifras han aumentado en términos absolutos. Así, cada día fallecen dos personas por accidente laboral; 11 trabajadores padecen un accidente de carácter grave; 1.309 uno de carácter leve; 1.912 registran accidentes sin baja y 63 trabajadores una enfermedad relacionada con el trabajo.

   Este acuerdo nace con el objetivo de mejorar el entorno laboral y, para ello, facilitar a las empresas, sobre todo a las de pequeño y mediano tamaño, el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Además, persigue las mejoras continuas en las condiciones de trabajo, con especial atención en las enfermedades relacionadas con el trabajo.

LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE LABORAL

   Durante la presentación de esta Estrategia, cuya financiación asciende a 36 millones de euros, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha defendido la lucha contra el fraude laboral, que ha definido como un «atentado». Así, ha afirmado que «no se puede hablar de calidad en el empleo» sin luchar contra el trabajo no declarado. En este contexto, la ministra ha anunciado que se llevarán a cabo nuevas reformas en este apartado, pues el contrato aporta la seguridad de un empleo digno y de futuras prestaciones.

   Asimismo, la responsable de Empleo ha manifestado la importancia de que el empleo sea estable, ya que «no hay calidad en el empleo sin empleo estable». Para ello, pidió a las empresas que continúen con su apuesta por la contratación indefinida, que, según los datos de la EPA del primer trimestre, ya supone el 62% de los contratos. En este sentido, ha afirmado que se trata de una apuesta que también es rentable para las empresas, ya que de esta manera pueden mantener posiciones competitivas sostenibles.

   Por su parte, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha pedido que se lleve a cabo una inversión eficaz en este ámbito, para que se puedan reducir gastos que pasarían a ser innecesarios. Además, ha asegurado que «no se puede bajar la guardia» ante la seguridad y la salud en el trabajo, en un contexto en el que el 40% del tejido empresarial está formado por pymes, donde lograr estos objetivos es «mucho más complicado».

   Para Rosell, las normas deben evolucionar al ritmo de la economía real y ha recalcado que los datos de accidentalidad son buenos, ya que si han vuelto a crecer un poco ha sido debido a que «la economía a vuelto a tirar más que otros años».

   En la jornada también intervino el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, quien ha hecho referencia al cambio en las condiciones de trabajo para asegurar que es más difícil exigir condiciones adecuadas «cuando existe el temor fundado a la pérdida del puesto de trabajo».

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