El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pagará gratificaciones extraordinarias a los trabajadores de su plantilla que acepten trabajar fuera de su horario laboral para agilizar la tramitación de los expedientes que aún están pendientes de resolución, que a 31 de diciembre de 2014 ascendían a 57.590 casos pero que según algunas formaciones parlamentarias han experimentado un repunte del 5,6% en los primeros meses del año.
En este sentido, el Ministerio de Empleo recuerda en una respuesta al secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, que en 2014 se hizo un «gran esfuerzo» para resolver «el considerable retraso» de más de 201.000 expedientes que se habían acumulado a finales de marzo.
Tras dar salida a casi 300.000 expedientes a lo largo del año pasado, ahora el Fogasa puede «afrontar la tramitación ordinaria de los expedientes que entran, y no bolsas generadas en periodos anteriores», aunque para evitar que vuelvan a producirse retrasos, sobre todo en las provincias con mayor carga de trabajo, el Ejecutivo ha tomado varias medidas.
MÁS PLANTILLA
Así, a lo largo de este ejercicio se impulsará un «plan de choque» que incluirá «gratificaciones extraordinarias fuera de la jornada laboral» para la plantilla del Fondo y también una «redistribución» de los expedientes de prestaciones y de la actividad precautoria de los letrados entre las diferentes provincias.
Además, en las provincias con más reclamaciones se cubrirán las vacantes «de todas las formas posibles», lo que incluye según el Gobierno la incorporación de nuevo personal por promoción interna o por oferta de empleo para personal de libre acceso, así como la cobertura de las vacantes por reingresos al servicio activo y la constitución de comisiones de servicios para cubrir vacantes reservadas.
«En particular, está prevista la contratación de 17 letrados interinos y de quince funcionarios interinos de nivel 14 para atender a las provincias con mayor carga de trabajo, y se está preparando la convocatoria durante el primer semestre de este año de un concurso de provisión de puestos de trabajo que permita la cobertura de todos los que actualmente se encuentran vacantes y que no han podido cubrirse por las otras modalidades mencionadas», precisa el Ejecutivo.
Además, la oferta pública de empleo para personal de nuevo ingreso del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado incluirá 17 plazas de Gestor jurídico del subgrupo A2.
A esto se suma el nombramiento, el año pasado, de 48 funcionarios interinos del subgrupo C2 para las provincias con más carga de trabajo y la creación de tres plazas para personal de nuevo ingreso del Cuerpo de Gestión de la Administración General del Estado en Barcelona, Madrid y Valencia.
NO HABRÁ NUEVAS ENCOMIENDAS
El Ejecutivo estima que todas estas medidas serán suficientes para que el Fogasa pueda hacer frente a sus labores, por lo que «no está previsto adoptar nuevas encomiendas de gestión» como la que hace un par de años se firmó con la empresa pública Tragsatec para que colaborara en la agilización de la tramitación de los expedientes acumulados.
Una encomienda que, según recuerda el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela, fue criticada por el Tribunal de Cuentas, que calificó el contrato de «antieconómico» y criticó que no se hubieran reforzado los medios personales propios del Fondo de Garantía Salarial.
En su respuesta al diputado catalán, que recoge Europa Press, el Ejecutivo vuelve a rechazar estas críticas y recuerda que la medida «no puede ni debe compararse con el coste que hubiera supuesto» la propuesta sindical de contratar 320 funcionarios interinos durante año y medio, que hubiera costado casi 10 millones de euros, «el triple» que la encomienda a Tragsatec, que a su vez afrontó con cargo a ese dinero el coste de las instalaciones y sistemas informáticos, entre otras cosas, y no sólo el gasto de personal.
TIEMPO DE TRAMITACIÓN
Además, el Ejecutivo recuerda que el tiempo medio de tramitación de los expedientes del Fogasa se sitúa actualmente en los 91,78 días, con el plazo mínimo en Segovia (2,09 días), Lugo (5,90 días), Soria (8,17 días) y Cantabria (8,73 días), y los tiempos de espera más largos en Badajoz (458,05 días), Madrid (318,40 días), Cádiz (307,97 días), Huelva (306,98) y Barcelona (298,11 días).
En este sentido, Empleo reconoce una «gran disparidad» entre los diferentes territorios, debido «no sólo a los expedientes acumulados sino también a diferentes circunstancias relacionadas con el personal que debía tramitarlos», pero confía en que las medidas adoptadas permitan «conseguir uno de los objetivos estratégicos» de Fogasa para este año, que es «reducir los tiempos medios de resolución».
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