El Gobierno no destinará más fondos públicos al nuevo modelo de Inspección laboral plasmado en el proyecto de ley de Reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que el Consejo de Ministros aprobó el 27 de febrero, a pesar de que la norma prevé la creación de una nueva escala de subinspectores y un cambio jurídico del departamento, que se convertirá en un organismo autónomo.
Según la memoria de impacto del proyecto de ley, al que ha tenido acceso Europa Press, las medidas previstas por el Ministerio de Empleo «serán atendidas con los importes correspondientes a las dotaciones presupuestarias actualmente existentes y no supondrán incremento de dotaciones ni de retribuciones ni otros gastos de personal».
Así, la creación de una nueva escala de Seguridad y Salud dentro del Cuerpo de Subinspectores laborales no conllevará un incremento del gasto público, ya que las características y retribuciones de estos funcionarios serán las mismas que las de los actuales subinspectores y su acceso al cuerpo se hará en condiciones de igualdad y «progresivamente», según se vayan aprobando nuevas ofertas de empleo dentro del sistema.
NO SERÁ UN NUEVO CUERPO
Así, los actuales subinspectores se centrarán en materias de empleo y seguridad social, junto con nuevas facultades en materia de contratación y trabajo de menores, mientras que la nueva escala estará formada por funcionarios de ingresos en convocatoria libre pero también de promoción interna dentro de los diferentes cuerpos de funcionarios que reúnan requisitos de titulación y otros reglamentariamente establecidos.
De hecho, si esta medida reporta algún impacto presupuestario será en positivo para las arcas públicas, ya que el Gobierno considera que la creación de esta escala, especializada en la prevención de riesgos laborales, junto con la «generalización del principio de trabajo programado y en equipo» reportarán «más eficiencia y racionalidad» a la distribución de las tareas inspectoras.
No en balde, el Ministerio de Empleo ha optado por dividir en dos escalas el actual Cuerpo de Subinspectores en lugar de crear un nuevo cuerpo para contar con personal técnico formado en materia de seguridad y salud sin incrementar con ello el gasto.
NUEVA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Con respecto a los cambios en la organización administrativa de la Inspección, que pasará de ser una Dirección General dentro del Ministerio de Empleo a un organismo autónomo, el Ejecutivo descarta también que vaya a producirse un incremento de costes, ya que se asignarán al nuevo ente los fondos previstos en un programa de la actual Inspección, dotado el año pasado con 145,55 millones de euros, y a otras partidas presupuestarias ya existentes.
«La creación y puesta en marcha del nuevo organismo no supondrá incremento de costes, estando previsto que sus gastos de funcionamiento y dotaciones con carácter general sean los que hasta el momento se han generado en la Inspección», insiste la memoria.
Para eso, el Gobierno cuenta con que el nuevo Consejo Rector sólo tendrá los gastos «básicos y de funcionamiento», de los que se hará cargo el personal del organismo con cargo a sus presupuestos ordinarios; con que el Consejo General –en el que se integrarán los representantes del Estado, de las comunidades autónomas y de los agentes sociales– asumirá las funciones y gastos de la suprimida Comisión Consultiva Tripartita; y la estructura periférica sustituirá a la actual estructura sin ampliaciones ni incrementos de coste.
Por su parte, el nuevo director del organismo sustituirá al actual director general de la Inspección, mientras que la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude que se prevé en el proyecto de ley y que podría crearse en el futuro hará lo propio con la actual Subdirección General de Inspección.
Tampoco los eventuales convenio de colaboración que firmen Estado y comunidades autónomas podrá conllevar incrementos de dotaciones, retribuciones u otros gastos de personal, ni la creación de la Autoridad Autonómica de la Inspección o la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección supondrán nuevos cargos en las regiones, sino que se atribuirán sus funciones a un directivo ya existente.
Igualmente, las comisiones operativas de la Inspección Territorial, órgano de cooperación con cada comunidad autónoma, sustituirán a las actuales comisiones territoriales, «no existiendo tampoco en este caso incremento de coste».
MÁS FUNCIONES
En este sentido, el Gobierno subraya que el nuevo registro integrado de personal inspector se sufragará con cargo a los medios personales actuales de la Inspección, mientras que la posibilidad de que los inspectores acudan acompañados por peritos o expertos ya está previsto en la normativa en vigor, por lo que no supondrá incremento alguno de necesidades económicas.
Con respecto a la posible participación de personal externo y de agentes de enlace en la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, no implicará tampoco un incremento de gastos ni de dotaciones porque la retribuciones de esos trabajadores «deberán satisfacerse con cargo a las administraciones u órganos de que dependan orgánicamente los funcionarios que desempeñen dichas funciones».
IMPACTO ECONÓMICO
Con respecto al impacto económico que se espera de esta reforma, que ha sido acordada con los gobiernos autonómicos, la memoria defiende que tanto las medidas contempladas para mantener el principio de unidad de actuación inspectora en todo el país como el refuerzo de la Inspección «han de valorarse positivamente» y redundarán en una mejora de toda la economía.
Finalmente, no se espera que la nueva normativa genere más obligaciones para los interesados sino que, «más bien al contrario», se reforzará el uso de medios telemáticos y de las nuevas tecnologías, lo que tendrá un «impacto positivo en materia de cargas administrativas».
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