La Comisión de Interior del Congreso ha aprobado este martes con los votos de PP, PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y PNV una proposición no de ley para pedir al Gobierno controles para evitar que empresas que hayan despedido a trabajadores puedan luego contratar a presos para «ahorrar costes e incrementar sus beneficios».
La propuesta ha sido acordada entre el PP y la Izquierda Plural a partir de una iniciativa de la coalición en la que se reclamaban medidas para que las empresas que hayan ejecutado algún expediente de regulación de empleo o despidos vieran vetado el acceso a los convenios con Instituciones Penitenciarias, de forma que no pudieran utilizar ni infraestructuras ni a internos para su actividad productiva.
Finalmente, el texto que ha salido adelante con los votos de PP, PSOE, IU-ICV y PNV y la abstención de CiU reclama al Ejecutivo que «continúe mejorando los sistemas de control para evitar que empresas que hayan presentado y ejecutado expedientes de regulación de empleo o ajustes de plantilla puedan acordar convenios con la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo para realizar tareas productivas en las instalaciones existentes en los centros penitenciarios».
»No es razonable»
El diputado de IU-ICV Ricardo Sixto, promotor de la iniciativa, ha defendido la necesidad de que los presos puedan seguir accediendo a empleos, tanto por la «dignidad» que conlleva el trabajo como por su necesidad de acceder a cotizaciones sociales y remuneraciones económicas con las que mantener a sus familias.
Sin embargo, critica que «aprovechando» la reforma laboral del PP algunas empresas ejecuten despidos y luego contraten a internos para ahorrarse las cotizaciones a la Seguridad Social –que paga la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo– y ciertos gastos energéticos, trasladando esos costes a Instituciones Penitenciarias como ha sucedido, por ejemplo, en Picassent o en Ocaña I y II.
«No lo compartimos ni lo podemos disculpar, y por eso creemos que la empresa estatal debe fijar que estas empresas no puedan firmar convenios», ha insistido el diputado valenciano.
La ‘popular’ Ana Belén Vázquez ha coincidido con estos argumentos, reconociendo que «se ha visto un déficit» en la regulación, permitiendo que empresas que han hecho ajustes de plantilla se «beneficien» del trabajo más barato de los presos. «Es una anomalía, y no podemos seguir permitiendo que haya empresas que se beneficien despidiendo gente», ha insistido.
No obstante, Vázquez ha defendido el valor del trabajo de los presos, como «medio fundamental para posibilitar su regreso a la vida cotidiano en libertad» y para acceder a la formación para el empleo. Además, ha recordado que los salarios de los internos está regulado en un decreto de 2001 y están referenciados en el salario mínimo interprofesional (SMI) vigente.
Fijar »líneas rojas»
El socialista Víctor Morlán también cree que hay que «fijar una línea roja» en el uso que se puede hacer de los internos para evitar que empresas que han despedido se aprovechen de unos «menores costes salariales».
«Es un abuso, y la entidad pública debe ponerle coto, analizando cada circunstancia y viendo caso a caso cuándo existe un ERE y un proceso de sustitución«, ha defendido. Además, ha aprovechado para reclamar una actualización de los salarios de los presos, que «llevan cuatro años sin incrementarse».
Finalmente, el nacionalista catalán Feliu-Joan Guillaumes ha reconocido que esta propuesta ha generado «un gran debate» en la federación de CiU, cuyo primer impulso fue «votar en contra» aunque finalmente se ha abstenido.
Y es que, pese a reconocer lo injusto de que se sustituyan trabajadores por presos, con un menor coste salarial, Guillaumes ha recordado la «dificultad» de encontrar empresas dispuestas a contratar mediante Instituciones Penitenciarias y ha resaltado la «necesidad absoluta» de mantener este tipo de programas sociales, en los que normalmente los que «pierden dinero» son la Administración y la empresa.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.