5 de noviembre de 2024
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Cuestionar derechos fundamentales es incompatible con la democracia

La Cumbre Social estatal ha hecho público un comunicado en el que denuncia la creciente criminalización del sindicalismo de clase que se viene produciendo en los últimos años y la ofensiva penal contra el derecho de huelga, situaciones que, a juicio de la Cumbre Social, resultan incompatibles con la democracia. Los procesos abiertos contra centenares de sindicalistas por ejercer el derecho constitucional de huelga, solo pueden obedecer a la intervención del Ministerio Fiscal con finalidad discriminatoria.

La Cumbre Social considera que la sucesión de acciones sancionadoras contra la actividad sindical es un hecho sin precedentes en democracia, y advierte que la principal tipología de conflictos de los que se derivan las acciones sancionadoras están relacionados con el desarrollo de las jornadas de huelga general de los años 2010 y 2012, jornadas que acumulan la inmensa mayoría de procedimientos tanto administrativos como penales.

La Cumbre Social considera que el Ministerio Fiscal, y en consecuencia el Gobierno, con su intervención pretende  criminalizar la respuesta social y sindical a las políticas de recortes, y llama a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones convocadas al efecto para denunciar esta campaña de vulneración de derechos democráticos. La concentración de delegados y delegadas sindicales el 1 de julio en la madrileña Plaza de Callao y las movilizaciones en las delegaciones del Gobierno de todo el país, el 9 de julio, son alguna de estas convocatorias que apoya la Cumbre Social.

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