La gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales vuelve a quedar en entredicho

El contenido del artículo pone de manifiesto, una vez más, aspectos en la gestión de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social que CCOO viene denunciando desde hace años. Tanto desde la Confederación Sindical de CCOO como desde nuestra representación en las Comisiones de Control y Seguimiento de las Mutuas hemos exigido la corrección de las irregularidades denunciadas por la Intervención y denunciado aquellas que hemos conocido.

Las Mutuas, a pesar de gestionar recursos públicos provenientes de cuotas de Seguridad Social, no se ven sometidas a la intervención previa del gasto, como ocurre con las Administraciones Públicas, lo que tiene como consecuencia que, cuando son auditadas por la Intervención de Seguridad Social, se detecten prácticas irregulares que pueden provocar importantes daños al erario público.

La Administración ha articulado de forma insuficiente la tutela y control de la actividad de estas Entidades que, sometidas al principio de “paga y reclama”, comprometen pagos con cuotas de la Seguridad Social y cuando la Administración les reclama por su dudoso ajuste a las funciones de colaboración, estas han alcanzado cifras desorbitadas, dando comienzo a un larguísimo proceso de reclamaciones y recursos.

El caso de Fremap no es único en el sector; otras Mutuas también podrían ver comprometida la solvencia de su Patrimonio si el Tribunal Supremo desestimara los recursos contra los ajustes realizados en sus cuentas por Seguridad Social, abriendo la puerta a posibles “derramas” entre las empresas asociadas o, incluso, a su disolución y liquidación, poniendo en riesgos varios miles de puestos de trabajo. Es preciso recordar que, mientras los Altos Directivos de estas Entidades gozan de privilegios como los descritos por el diario El País y las empresas mutualistas y sus asesores perciben agasajos, prebendas y comisiones, las plantillas de las Mutuas tienen su salario congelado desde 2010 y se han visto afectados por los mismos recortes aplicados a los funcionarios públicos.

Las atribuciones de las Comisiones de Control y Seguimiento, órgano interno de las Mutuas en el que participamos los agentes sociales para supervisar su gestión, resultan manifiestamente insuficientes y no permiten un control efectivo, por lo que CCOO venimos reclamando la incorporación a ellas de efectivos procedentes de la Intervención General de la Seguridad Social, que permitan realizar una mayor función fiscalizadora.

A pesar de que resulta incuestionable que existe una gran infradeclaración de enfermedades relacionadas con el trabajo, que terminan asumiendo los Servicios Públicos de Salud, de la existencia de importantes deficiencias en la gestión del accidente de trabajo, que requieren un profundo análisis y la adopción de medidas correctoras, y de la más que cuestionable gestión de la prestación económica que estas Entidades realizan de la enfermedad común, basada mayoritariamente en criterios economicistas, los diferentes Gobiernos han insistido en presentar a las Mutuas como un ejemplo de gestión eficiente de fondos de la Seguridad Social, afirmación que ahora vuelve a quedar en tela de juicio.

Desde CCOO hemos venido cuestionando el traspaso hacia estas entidades, conformadas como asociaciones privadas de empresarios, de atribuciones que antes residían en diferentes órganos de la Administración Pública, justificados bajo una supuesta eficacia gestora de las Mutuas, eficacia que noticias como ésta y diferentes informes del Tribunal de Cuentas ponen en entredicho.

CCOO reclama hoy, como viene haciendo desde hace mucho tiempo, un mayor control público de la actividad de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social, la limitación en la asunción de nuevas competencias y la apertura de un proceso de diálogo social que permita realizar un estudio en profundidad sobre la gestión y competencias de estas Entidades que permita afrontar, desde el consenso, la necesaria reforma de las Mutuas.

CCOO exige una mayor transparencia en su gestión y dirección, un estudio exhaustivo para conocer el patrimonio histórico que poseen y a qué se dedica, así como una mayor agilidad en las reclamaciones que la Seguridad Social realiza a las mismas.