La Unión de Autónomos del Transporte por Carretera y Mar (Uniatramc) y UGT han criticado a la Administración pública «en todos sus niveles, pero especialmente en el local» por «estar valorando y, en ciertos casos, tolerando una actividad económica ilegal que fomenta la economía sumergida como la que representan empresas como UBER».
La actividad de la plataforma UBER consiste en facilitar vehículos y conductores privados a usuarios de transporte a través de una plataforma web, que actualmente está operativa en Barcelona y planea su desembarco en Madrid.
UGT y Uniatramc consideran que si se acepta este modelo se están abriendo las puertas a su implantación en otros sectores del transporte, «generando un claro desequilibrio en el actual modelo de transporte poniendo en riesgo una actividad económica que genera miles de puestos de trabajo y fomentado la precariedad, la inseguridad y peor niveles de calidad en el servicio».
Para UGT y Uniatramc, cualquier actividad económica debe estar sometida a una regulación que garantice una libre competencia en condiciones de igualdad y que salvaguarde los derechos de los clientes y trabajadores de las empresas.
Además, en el caso del sector de transporte público, «estos derechos y normas tienen que verse complementados con protocolos rigurosos de seguridad tanto para usuarios como para trabajadores».
En esta línea han indicado que debido a su papel difuso en el contexto normativo y legal «UBER puede ponerse de perfil a la hora de asumir responsabilidades en el terreno de la seguridad de los usuarios».
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