26 de diciembre de 2024

El Gobierno se compromete con los sindicatos y la patronal a relanzar el diálogo social

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se han reunido en el Palacio de la Moncloa con los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Jesús Terciado, y con los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, para analizar la situación económica.

La reunión, que no había sido anunciada, ha concluido con el compromiso de Gobierno y agentes sociales de impulsar el diálogo social para favorecer el cambio de ciclo económico, la creación de empleo y la cohesión social, según un comunicado conjunto emitido por las partes.

Gobierno, sindicatos y empresarios han señalado que para consolidar este cambio en el ciclo económico y que éste llegue de manera más positiva al empleo es necesario abrir una «nueva etapa» que requiere impulsar, «desde un renovado protagonismo del diálogo social», medidas destinadas a favorecer el crecimiento de la actividad, impulsar la creación de empleo, consolidar la evolución positiva de la demanda externa y reforzar la cohesión social.

Casi un año desde la última reunión

La última reunión de Rajoy tanto con sindicatos como con empresarios se produjo el 16 de mayo de 2013, cuando Toxo, Méndez, Rosell y Terciado acudieron a La Moncloa para abordar la situación económica. La de hoy ha sido la quinta vez en que Toxo y Méndez se ven con Rajoy desde que éste fue nombrado presidente del Gobierno.

En el comunicado emitido por ambas partes tras la reunión celebrada esta mañana en La Moncloa, se incide en que la concertación y el diálogo social «debe seguir siendo una de las grandes señas de identidad de la sociedad española».

Ambicioso calendario de negociaciones
Por eso, se han propuesto iniciar una nueva etapa, coincidiendo con la necesidad de consolidar en la economía española un cambio de tendencia, pues a pesar de reconocer avances, admiten también que persiste un «elevado nivel de desempleo».

Con este objetivo, Gobierno, sindicatos y empresarios desarrollarán este año un «ambicioso» calendario de negociaciones, algunas de carácter tripartito, y otras bilaterales, especialmente las referidas a la negociación colectiva.

Dentro del ámbito tripartito, se incluye la política fiscal. Ambas partes comparten que el sistema tributario debe ser «suficiente, más justo y equitativo en la distribución de la carga fiscal, a la vez que más simple y legitimado socialmente, y capaz de reducir el déficit asegurando la financiación de los servicios públicos». En este campo, el Gobierno se ha comprometido a promover el diálogo con los agentes sociales en materia de reforma fiscal.

A su vez, Gobierno y agentes sociales consideran necesario evaluar las políticas salariales y de empleo en el sector público al objeto de abordar estrategias comunes para su evolución a futuro.

También se han propuesto negociar la reforma del sistema de formación para el empleo, adaptando el sistema a las necesidades del mercado de trabajo, favoreciendo la competencia «de todos los agentes», apostando por el uso eficiente y transparente de los recursos públicos, y todo ello con un compromiso de que se evaluará el impacto.

Un nuevo pacto de convenios

Durante la reunión, y dentro del ámbito bipartito, los líderes de CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme han informado al Gobierno de que están analizando los efectos del acuerdo de negociación colectiva que estará vigente hasta finales de este año «con el propósito de abordar la negociación de un nuevo acuerdo general de convenios que sustituya al actual». En este marco, dice el comunicado, se está estudiando «acompasar la evolución de los salarios con el proceso de recuperación del empleo».

En este futuro acuerdo, los agentes sociales apuestan por continuar favoreciendo la competitividad de la economía, potenciando, a su vez, la negociación colectiva y la utilización de mecanismos de flexibilidad interna como alternativa a la destrucción de empleo, y todo ello «acompañado de un escenario adecuado de control de precios».

Asimismo, Gobierno e interlocutores sociales consideran necesario realizar una evaluación conjunta del papel del salario mínimo interprofesional (SMI) y su evolución a futuro.

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