El Parlamento exigió ayer al Gobierno que obligue a realizar evaluaciones externas de las acciones que lleva a cabo la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, en la que el Tribunal de Cuentas detectó que, durante sus primeros ochos de funcionamiento, se habían producido autoadjudicaciones de los sindicatos, a veces incluso antes de presentar sus propuestas de actuación.
Así lo ha decidido la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, que ha aceptado las propuestas de resolución presentadas por el PP, entre las que se incluía la exigencia de realizar un seguimiento y evaluación constantes de los resultados obtenidos con las diferentes acciones de la Fundación, abogando por la «convocatoria pública de evaluaciones externas».
Y es que el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda señaló en su Informe de Fiscalización sobre la gestión de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales que los sindicatos UGT y CC.OO. adjudicaban las acciones que ellos mismos ejecutaban, que posiblemente se pactaba el reparto de los fondos antes incluso de presentar las propuestas de actuación y que había una falta de control sobre si se habían cumplido los objetivos establecidos.
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