Una vez más desde Europa se insta a España para que realice más reformas laborales y la Ministra Fátima Bañez ha mostrado de nuevo, con sus declaraciones en Bruselas, que presenta una realidad distinta a la que percibe la ciudadanía.
Parece que las próximas reformas se centrarán en políticas activas y servicios públicos de empleo, según sus palabras “con el fin de que las ofertas y las demandas de empleo se casen de forma más rápida, porque así se dará “nuevas oportunidades al stock tan importante de desempleados que tenemos en nuestro país”.
Para CCOO es lamentable que la ministra clasifique a los desempleados como “stock”, cuando más del 60% son parados de larga duración, como si ya no fueran ni personas y claramente “incómodos”.
Las reformas y modernización de los servicios públicos de empleo a los que alude se traducen en un claro interés por reducir el papel de los Servicios Públicos en las políticas activas y dotar al sistema de mayor participación privada. Debería haberse establecido nítidamente los límites y funciones de las Agencias Privadas en la Estrategia de Empleo (2014-2016) y disponer de un mecanismo de seguimiento y evaluación. Así se evitaría que el interés económico genere una dualidad entre las personas desempleadas y su inserción laboral, pero no ha sido así.
A corto plazo las políticas activas tienen que ayudar a las personas desempleadas a encontrar empleo y a prevenir el desempleo de larga duración. A largo plazo las políticas de empleo son elementos clave para garantizar las transiciones causadas por los cambios tecnológicos, ambientales y sociales, ofreciendo nuevas oportunidades para mejorar las capacidades profesionales y contribuyendo a una economía más productiva, competitiva e inclusiva.
CCOO apuesta por el reforzamiento de la dotación de recursos –humanos y materiales- de los servicios públicos de empleo para mejorar su funcionamiento, de forma que presten una atención rápida, individualizada e integral a los demandantes de empleo y a las empresas.
Sin un cambio de modelo productivo y sin corregir los desequilibrios de la estructura productiva española, es más grave la crisis de empleo. En este sentido, son necesarias más que nunca unas políticas activas que impulsen orientaciones y cualificaciones profesionales, que ayuden a crear empleo de calidad y en actividades de mayor valor añadido, para sentar unas bases de recuperación y de sostenibilidad futura de la economía española.
La Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, donde se incluyen las políticas activas y los Servicios públicos de empleo, para tener éxito, debería tener una dotación financiera suficiente, sin más recortes, estable y que garantice los Programas Plurianuales y los mecanismos de control, seguimiento y evaluación.
Desde la Unión Europea y otros organismos internacionales (OIT) se destaca el valor del diálogo social para el diseño de las políticas de empleo. Una verdadera negociación entre gobierno y los interlocutores sociales, que hasta ahora no existe, porque nuestra participación se ha visto limitada a realizar observaciones sobre presupuestos ya cerrados, sin posibilidades de negociar prioridades, medidas, acciones o instrumentos de control.
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