Unión Sindical Obrera (USO) ha denunciado este lunes que la Fundación de Riesgos Laborales, entidad de carácter público estatal, le deniega «sistemáticamente» recursos para los proyectos que presenta a fin de concederle estos fondos a las organizaciones miembro de su patronato: CC.OO., UGT y CEOE, entre otros.
«De igual modo que en ocasiones anteriores y a pesar de la calidad de los proyectos elaborados se ha alegado insuficiencia presupuestaria para no aprobar las acciones presentadas por USO», ha criticado la USO, que ha añadido que esta «insuficiencia presupuestaria» es el resultado del reparto previo de los fondos entre las entidades del patronato de la Fundación.
USO ha resaltado en un comunicado que en el informe que realizó el Tribunal de Cuentas sobre la Fundación, recientemente presentado en el Congreso de los Diputados, «se alertaba de un posible reparto previo en la asignación de recursos, no previsto legalmente, así como de la clara distorsión en la asignación de recursos al ser los beneficiarios juez y parte».
Según el sindicato, la distribución de los fondos de este año es «casi idéntica» a la de ejercicios anteriores. En el caso de las acciones directas, CC.OO. y UGT recibirán cada una el 24% de los fondos (588.090 euros en ambos casos), mientras que la CEOE contará con el 50% del presupuesto (1,2 millones de euros). El 2% restante es para el sindicato CIG, también presente en el patronato, con 45.195 euros.
En el caso de las acciones indirectas territoriales, USO apunta que el 47% de los fondos (6,4 millones) son para la CEOE, mientras que las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT se quedan cada una con 3,6 millones de euros, el 26% del presupuesto. A la CIG, por su parte, le corresponde el 1% de los fondos, con 131.361 euros.
«Según el Tribunal de Cuentas, el procedimiento de solicitud y concesión de las acciones podría ser contrario a los principios de concurrencia, transparencia, objetividad y no discriminación que deben regir a las entidades públicas», ha argumentado USO.
El sindicato ha pedido al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como responsable de los fondos públicos que gestiona la Fundación, que ante este reparto «arbitrario» tome medidas e imponga criterios «de calidad, objetivos y transparentes en la asignación de recursos».
«El dinero público destinado a la Fundación debe emplearse para promover la prevención de riesgos laborales y no para beneficiar a las entidades que forman parte de su patronato», concluye USO.
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