Los permisos de paternidad han aumentado un 168% entre el personal funcionario entre 2011 y 2012, mientras que en el caso del personal laboral el aumento se sitúa en el 68’5% en el mismo periodo.
Estos datos se desprenden del seguimiento del ‘I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos’, en el que se recogen los principales resultados entre 2011 y 2012, con el objetivo de conocer el grado de cumplimiento del Plan en trece ministerios y 52 organismos dependientes.
El documento, elaborado por el propio Ejecutivo, también constata que la igualdad entre hombres y mujeres es «la regla general» en la Administración General del Estado (AGE) en «prácticamente» todos los parámetros, aunque aún se están realizando «esfuerzos» para incrementar la presencia de la mujer en los consejos de administración de las entidades públicas.
Sin embargo, según figura en el cuadro resumen de cumplimiento de los ejes de este Plan al que tuvo acceso Europa Press, la Administración General del Estado sólo cumple íntegramente una acción de las 37 incluidas en el citado Plan, la relativa a los cursos de formación y sensibilización sobre la igualdad de trato. Precisamente, desde 2011, los departamentos ministeriales han incluido en sus planes anuales de formación un módulo de igualdad y violencia de género en todas aquellas acciones formativas que tengan una duración superior a 20 horas semanales.
Por el contrario, el resto de los objetivos citados se cumplen «parcialmente», están «sin ejecutar» o no se dispone del dato. Por ello, entre otras conclusiones, se destaca una desigual ejecución de las acciones del Plan, «probablemente consecuencia de una no totalmente equilibrada evaluación de expectativas potenciales en su elaboración, y al escaso tiempo transcurrido desde su implantación».
Así, resalta que la Ley de Igualdad se incumple en la representación de mujeres en los altos cargos –no pueden ser menos del 40 por ciento–. En este sentido, las mujeres no llegan al 23 por ciento de media: ministros (28,5%), secretarios de Estado (24,1), subsecretarios (28,33), directores generales (27,3%) y embajadores (13,6%).
Además, alerta también de una brecha de género en el disfrute de permisos no retributivos, puesto que los hombres no se corresponsabilizan en la conciliación en casos como enfermedad grave familiar, adopción, cuidado de menores de doce años o cuidado de mayores. La diferencia es de un 88,15% para las mujeres, frente al 11,85% de los hombres.
PARIDAD ENTRE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
En todo caso, Hacienda señala que en el informe –desarrollado por la Dirección General de la Función Pública, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en colaboración con el Instituto de la Mujer, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el marco de la Comisión Técnica de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en la AGE– se destaca que del total de empleados públicos de la Administración General del Estado, el 51’4% son mujeres y el 48,6% son hombres.
Además, de un total de 992 plazas de funcionario de acceso libre, 639 (64’42%) fueron conseguidas por mujeres y 353 (35’58%) por hombres. Respecto a la promoción interna, un 49’67% de las plazas han sido aprobadas por mujeres y un 50’33% por hombres, mientras que los tribunales y órganos de selección están compuestos por un 50’3% de mujeres y un 49’7% de hombres (personal funcionario) y en el caso de la Comisión Permanente de Selección el porcentaje de mujeres es del 47%.
Por otro lado, Hacienda destaca «el continuado e importante esfuerzo» que se está realizando para incrementar la presencia de mujeres en los consejos de administración de las entidades públicas, en los que se ha registrado un continuado aumento ya que la presencia de mujeres era de un 17’6% en 2004; 24’87% en 2009; 29’81% en 2011 y 31’07% en 2013. Además, en más del 33% de las entidades, la presencia de mujeres en los consejos es igual o superior al 40%.
En el informe también se hace alusión al cumplimiento de lo relacionado con evitar el uso del lenguaje sexista en la denominación de los puestos de trabajo y señala que, para cumplir esta medida, se han modificado más del 97% de las denominaciones de puestos de trabajo. La Administración General del Estado también se dotó en 2011 de un Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito de la AGE y de los organismos públicos vinculados a ella, entre otros aspectos.
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