Que las empresas gestionen directamente los recursos que aportan para formación. Ese es el eje básico sobre el que gira la propuesta que la CEOE presentará al Gobierno para la Reforma del Sistema de la Formación Continua. Una gestión directa para la que la patronal propone la creación de una especie de «cheques de empresa» para que sea cada entidad empresarial la que dedique los fondos a formar a sus trabajadores conforme a las necesidades de su actividad.
La reforma de la formación es una de las actualizaciones que prepara el Gobierno, dentro de los retoques anunciados en la reforma laboral, y desde la patronal española se insiste en que de la cuota del 0,7% que dentro de las cotizaciones sociales se dedican a la formación, el 0,6% lo pagan los empresarios y el 0,1% los trabajadores, por lo que, en palabras de un dirigente de la CEOE, «si el dinero es nuestro es lógico que nosotros lo controlemos».
Como complemento, y para evitar un posible uso irregular de los fondos recibidos, la propuesta de CEOE plantea también que los cursos de formación se realicen sólo en centros homologados y con el máximo control por parte de las administraciones públicas.
Los recursos que actualmente se destinan a la formación continua se elevan a unos 1.800 millones de euros anuales que no siempre se consumen, por lo que la patronal va a incluir también en su propuesta que el dinero sobrante, una vez repartidos los «cheques de empresa» se mutualice para que puedan estar a disposición de todo el tejido empresarial.
Durante su comparecencia en el Congreso, en la última sesión de control al Gobierno del año 2013, la ministra de Empleo y Seguridad Social afirmó que «tenemos que cambiar la formación en nuestro país para hacer que sea una oportunidad de verdad y una transición del desempleo al empleo para muchos trabajadores que necesitan de esa oportunidad».
Una idea que apoya la CEOE, pero que estima debe hacerse con los fondos públicos que el Estado quiera aportar y no con los fondos destinados a la formación profesional.
En este punto, otra de las exigencias que la organización que preside Juan Rosell va a plantear al Ministerio es que los recursos derivados de las cotizaciones sociales para formación sólo puedan utilizarse para formar a los trabajadores en activo, tal y como recoge la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de febrero, en la que se declara explícitamente, que estos fondos son «finalistas», es decir, vinculados a la población ocupada y las decisiones de la negociación colectiva entre los empresarios y los trabajadores, que son quienes los aportan.
Para la CEOE la formación de los parados forma parte de las políticas activas de empleo de las administraciones y, por tanto, deben financiarse con dinero público.
En concreto, desde la organización empresarial se denuncia que con motivo de la prolongada crisis económica, desde el Ejecutivo se han desviado fondos de la formación profesional para financiar otras actividades, entre ellas las políticas activas de empleo, derivando incluso parte de los fondos detraídos a las comunidades autónomas.
El calendario que maneja el Ministerio de Empleo prevé tener cerrado el acuerdo con los agentes sociales sobre formación el próximo mes de febrero, algo que parece difícil, dado que esta exigencia de CEOE choca con el propósito del Departamento que dirige Fátima Bañez de «reforzar el liderazgo que debe ejercer la Administración del Estado» en esta materia.
Es más, desde el Ministerio se considera también «indispensable eliminar el doble papel de los agentes sociales como participantes en la planificación, programación y diseño del subsista y, en paralelo, como ejecutores de la formación y perceptores de los fondos». Algo que rechazan también las centrales sindicales.
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