CCOO y el final de año

   La Dirección Confederal de Comisiones Obreras (CC.OO.) cree que el balance de 2013 debe «trascender a la propaganda oficial» y advierte de que la realidad «sigue siendo muy dura» para personas en paro, pensionistas, asalariados, jóvenes e inmigrantes.

   El sindicato, en nota de prensa, considera que «no es fácil» convencer a la ciudadanía con «lemas publicitarios» como el que los portavoces del Gobierno repiten durante este último trimestre del año –«España está saliendo de la crisis y ha merecido la pena los esfuerzos realizados»–, sobre todo cuando «tantas personas siguen atrapadas por el impacto de la crisis».

   Para CC.OO. una de las «noticias del año» fue el dato de 6.202.700 personas en paro que arrojó la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2013. Un dato, que según el sindicato, «echa por tierra no sólo la política económica del Ejecutivo obsesionada con el control del déficit y ajena a la creación de empleo, sino las sucesivas reformas laborales empeñadas en hacer más fácil y más barato el despido y en incrementar el poder contractual del empresario, devaluando la negociación colectiva».

   Asimismo, valora como un «disparate» la negociación de la tarifa eléctrica y advierte de que «la factura de la luz experimentará una nueva subida en enero, que volverá a penalizar a consumidores, pymes y a la propia actividad económica». «Hay que reformar con urgencia el sistema de fijación de precios que permita que la tarifa española se aproxime a la media de los países de nuestro entorno», explica.

   CC.OO. recuerda en su balance del año que se aprobó «sin consenso alguno» la reforma de la Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de Pensiones de la Seguridad Social, «que extiende a los pensionistas las políticas de empobrecimiento de la población».

   Por último, CC.OO. denuncia que el Consejo de Ministros también dio luz verde a un paquete de medidas que flexibilizan y desregulan la contratación a tiempo parcial, y al anteproyecto de ley de mutuas que pone en manos de las asociaciones de empresarios mayores competencias para la concesión, gestión y extinción de prestaciones del sistema de la Seguridad Social, y desplaza al sistema público en la decisión sobre la enfermedad común.