15 de noviembre de 2024
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Problemas con trabajadores del ERE de Mercasevilla

Problemas con trabajadores del  ERE de Mercasevilla

RRHH Digital Un total de tres de los 129 trabajadores del mercado central de abastos, Mercasevilla, despedidos a través de un expediente de regulación de empleo (ERE) que contempla además la externalización de 39 puestos de empleo han elevado al juzgado de guardia una denuncia después de que esta madrugada, les haya sido denegado el acceso a las instalaciones. Rafael Domínguez (CCOO), presidente del comité de empresa, ha manifestado a Europa Press que estos extrabajadores de Mercasevilla pretendían realizar consultas «sindicales» y obtener documentos sobre su relación con la empresa, pero el acceso a las instalaciones les ha sido «prohibido».

«Querían entrar a la sucursal bancaria que hay en Mercasevilla para realizar algunas gestiones y también pretendían hacer unas consultas sindicales, pero no les han permitido entrar», se ha quejado el presidente del comité de empresa, quien ha criticado que la dirección de Mercasevilla haya decidido prohibir la entrada a los trabajadores despedidos en el aún latente expediente de regulación de empleo. Según ha manifestado, la dirección de la empresa, una vez elevada la queja a la misma, ha respondido que «es lo que hay», con lo que tres de los afectados, finalmente, se han dirigido a los juzgados a interponer «una denuncia».

DESPEDIDOS PERO SIN CARTA

De otro lado, el presidente del comité de empresa ha advertido de la situación que sufren muchos de los trabajadores al haber sido «despedidos», pero no haber recibido la carta individual de despido, sobre todo porque a los mismos no se les permite la entrada a las instalaciones del mercado central. Ha relatado, por ejemplo, el caso de unos de los trabajadores al que «le han dado la carta de despido en la puerta» del mercado central y, sin poder entrar en el mismo, «ha firmado el recibí sobre una moto».

Este pasado lunes, como se ha informado, ha entrado en vigor el expediente de regulación de empleo promovido por Mercasevilla, la sociedad gestora del mercado central hispalense, para despedir a 129 de sus trabajadores y externalizar los puestos de empleo de otros 39 empleados. Los despidos cuentan con indemnizaciones de 20 días de sueldo por cada año de servicio y comenzaron a ser notificados la semana pasada.

EL NUEVO ERE DE MERCASEVILLA

Estamos hablando del conflicto laboral que sacude a la sociedad gestora del mercado central de abastos, participada principalmente por el Ayuntamiento hispalense y la empresa estatal Mercasa, a cuenta de la dura reestructuración destinada a reducir a 28 personas la plantilla directa de la compañía. La liberalización de los servicios de carga de género y facturación de ventas que la plantilla de Mercasevilla prestaba en la lonja de pescado, en ese sentido, constituye uno de los factores clave de este procedimiento, toda vez que el Gobierno municipal del popular Juan Ignacio Zoido sostiene que esta liberalización responde al cumplimiento de las regulaciones comunitarias.

En concreto, en el seno de las instituciones europeas reside un expediente a cuenta de la supuesta situación de monopolio en la que incurriría Mercasevilla al prestar con estos trabajadores los servicios de carga y facturación del género con la correspondiente imposición de un gravamen a los empresarios mayoristas de pescado, quienes precisamente habían elevado este aspecto a la Unión Europea. Para el Gobierno local del PP, la liberalización de la lonja responde así a las exigencias de las regulaciones europeas, toda vez que los trabajadores defienden que la Unión Europea no ha emitido aún ningún dictamen concluyente o definitivo sobre este conflicto.

 

   «Querían entrar a la sucursal bancaria que hay en Mercasevilla para realizar algunas gestiones y también pretendían hacer unas consultas sindicales, pero no les han permitido entrar», se ha quejado el presidente del comité de empresa, quien ha criticado que la dirección de Mercasevilla haya decidido prohibir la entrada a los trabajadores despedidos en el aún latente expediente de regulación de empleo. Según ha manifestado, la dirección de la empresa, una vez elevada la queja a la misma, ha respondido que «es lo que hay», con lo que tres de los afectados, finalmente, se han dirigido a los juzgados a interponer «una denuncia».
DESPEDIDOS PERO SIN CARTA
   De otro lado, el presidente del comité de empresa ha advertido de la situación que sufren muchos de los trabajadores al haber sido «despedidos», pero no haber recibido la carta individual de despido, sobre todo porque a los mismos no se les permite la entrada a las instalaciones del mercado central. Ha relatado, por ejemplo, el caso de unos de los trabajadores al que «le han dado la carta de despido en la puerta» del mercado central y, sin poder entrar en el mismo, «ha firmado el recibí sobre una moto».
   Este pasado lunes, como se ha informado, ha entrado en vigor el expediente de regulación de empleo promovido por Mercasevilla, la sociedad gestora del mercado central hispalense, para despedir a 129 de sus trabajadores y externalizar los puestos de empleo de otros 39 empleados. Los despidos cuentan con indemnizaciones de 20 días de sueldo por cada año de servicio y comenzaron a ser notificados la semana pasada.
EL NUEVO ERE DE MERCASEVILLA
   Estamos hablando del conflicto laboral que sacude a la sociedad gestora del mercado central de abastos, participada principalmente por el Ayuntamiento hispalense y la empresa estatal Mercasa, a cuenta de la dura reestructuración destinada a reducir a 28 personas la plantilla directa de la compañía. La liberalización de los servicios de carga de género y facturación de ventas que la plantilla de Mercasevilla prestaba en la lonja de pescado, en ese sentido, constituye uno de los factores clave de este procedimiento, toda vez que el Gobierno municipal del popular Juan Ignacio Zoido sostiene que esta liberalización responde al cumplimiento de las regulaciones comunitarias.
   En concreto, en el seno de las instituciones europeas reside un expediente a cuenta de la supuesta situación de monopolio en la que incurriría Mercasevilla al prestar con estos trabajadores los servicios de carga y facturación del género con la correspondiente imposición de un gravamen a los empresarios mayoristas de pescado, quienes precisamente habían elevado este aspecto a la Unión Europea. Para el Gobierno local del PP, la liberalización de la lonja responde así a las exigencias de las regulaciones europeas, toda vez que los trabajadores defienden que la Unión Europea no ha emitido aún ningún dictamen concluyente o definitivo sobre este conflicto.

 

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