RRHH Digital El PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) dudan de la legalidad del buzón para recibir avisos anónimos de fraudes laborales puesto en marcha por el Ministerio de Empleo y lo ven «propio de dictaduras», instando al Gobierno a habilitar un sistema similar para que los ciudadanos puedan denunciar a «los que dan dinero ilegal al PP». La portavoz socialista de Empleo en el Congreso, Concha Gutiérrez, ha criticado en una nota de prensa que la puesta en marcha de este sistema no haya ido acompañada de explicaciones sobre el expediente abierto por la Inspección de Trabajo al PP por la «simulación del contrato» a su extesorero Luis Bárcenas, al que según la propia secretaria general ‘popular’, Dolores de Cospedal, se le hizo una «simulación de indemnización en diferido».
«Parece que el PP está exento del control del fraude fiscal y del fraude a la Seguridad Social», ha ironizado la diputada socialista, con la que coincide el presidente de la Izquierda Plural, Cayo Lara, quien a través de Twitter ha reprochado a la ministra de Empleo que «aliente las delaciones anónimas» contra el fraude laboral cuando lo debería «hacer lo mismo con los que dan dinero ilegal al PP».
DENUNCIAS LOS JAGUAR Y LOS SUELDOS EN B
De hecho, el también coordinador federal de IU se pregunta en sendos tuits recogidos por Europa Press si no habría qué pasaría si se «alentara a denunciar a los cargos electos del PP que reciben sueldos en B, un Jaguar, trajes y gafas para lucir en el plasma».
De hecho, la puesta en marcha del buzón a principios de semana provocó un movimiento en Twitter que, con las etiquetas #buzonchivatos y #Báñezchivata, instaba a los internautas a registrar denuncias contra el PP –difundidas posteriormente a través de la red social– alegando como posibles fraudes el cobro de dinero en negro, el tráfico de influencias, el fraude electoral o el mantenimiento de un trabajador sin contrato en referencia al extesorero Luis Bárcenas.
NO SE PUEDEN HACER DENUNCIAS ANÓNIMAS
Al margen de estas consideraciones de tenor político, los socialistas dudan también del propio encaje legal del buzón. Así, Gutiérrez asegura que la legislación vigente «no permite la tramitación de denuncias anónimas relativas fraude laboral» y critica que el Ejecutivo pretenda «criminalizar a las víctimas de la reforma laboral cuando lo más importante es que se denuncie el fraude en las cotizaciones empresariales, en el incumplimiento de la normativa de salud laboral, en convenios colectivos y en lo relativo al fraude fiscal».
Por todo ello, la dirigente socialista ha anunciado que su grupo pedirá la comparecencia de Báñez ante la Comisión parlamentaria de Empleo para que «explique las bases jurídicas en las que se basa para anunciar la puesta en marcha de estas nuevas medidas de denuncia anónima», además de avanzar que el PSOE presentará iniciativas parlamentarias para frenar su uso.
Por su parte, la portavoz socialista en el Pacto de Toledo, la diputada Isabel López i Chamosa, reprocha a Báñez en Twitter que «pida a los ciudadanos que denuncien a sus vecinos si cobran indebidamente alguna prestación» y ha calificado este mecanismo de «vergonzoso» y «propio de dictaduras».
En la misma línea, el portavoz parlamentario de Sanidad, Pepe Martínez Olmos, considera «una paradoja» que se esté «alentando» a los parados a delatar a otros ciudadanos «sin tener derecho» mientras el Gobierno «promulga una amnistía fiscal» que beneficia «a los delincuentes de cuello blanco».
La diputada Patricia Hernández, además, cree que los avisos anónimos en el ámbito laboral pueden adolecer de «falta de valor» y cuestiona que ese «anonimato del denunciante» cumpla con las previsiones legales. «Las denuncias en la inspección ya son posibles, pero dando la cara, con el DNI, no así», añade, apostillando que este aspecto es importante en derecho, sobre todo porque no cumplirlo «luego acaba con la nulidad del proceso». «Lo que tienen que hacer son oposiciones a la Inspección de Trabajo si no son suficientes, es sencillo», añade.
DENUNCIAS «CONFIDENCIALES»
No obstante, el Ministerio de Empleo asegura que el sistema puesto en marcha no permite denuncias «anónimas», sino «confidenciales», y subraya que el objetivo del buzón es «mejorar la actividad planificada y la eficacia» de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social «en favor de los trabajadores y las empresas».
De hecho, el departamento que dirige Fátima Báñez recuerda que la denuncia es una de las formas de iniciación de la actividad inspectora, «pero no la única ni la más importante, dado que la actividad planificada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es muy superior a la realizada mediante denuncia pública», y asegura que este nuevo mecanismo no perturbará en absoluto el método de trabajo de los inspectores laborales.
No obstante, en la página web de la Inspección de Trabajo se precisa que las denuncias laborales deben realizarse formalmente, lo que implica aportar datos personales como el nombre, la dirección o la vinculación con la empresa denunciada. Sin embargo, el nuevo buzón permite a los ciudadanos informar de incumplimientos de la normativa laboral, de Seguridad Social o de Prevención de Riesgos a través de un formulario que sí garantiza el anonimato del remitente.
«Es importante destacar que con la comunicación de estos datos a la ITSS a través de este buzón el objetivo es facilitar la organización y ejecución de las funciones que la ITSS tiene encomendadas. El comunicante no tendrá que aportar ningún dato personal y el buzón sólo recogerá información sobre las presuntas irregularidades de las que se tenga conocimiento», se puntualiza en la página web.
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