RRHH Digital Recursos Humanos La Consejería de Sanidad y los sindicatos AMYTS, SATSE, CC.OO., UGT, CSIT-UP y USAE se reúnen este lunes para analizar el proceso de reordenación del personal de los hospitales que serán externalizados (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, el del Henares, el del Sureste y el Tajo).
El encuentro tendrá lugar en el seno de la Mesa Sectorial de Sanidad y también se plantea dentro del orden del día analizar la reordenación del personal de los servicios de limpieza de los centros hospitalarios, según indica CSIT-UP.
Los pliegos de condiciones recogen que las empresas licitadoras (que en este caso son HIMA San Pablo, BUPA Sanitas y un consorcio en el que está presente Ribera Salud) se comprometen a mantener la plantilla sanitaria de estos centros, aproximadamente 5.200 trabajadores.
Las condiciones de la externalización establece que el personal con plaza fija podrá elegir entre quedarse en el mismo hospital pagándole el Servicio Madrileño de Salud (su salario se descontará a la concesionaria), pedir una excedencia especial (que permite el reingreso en cualquier momento) e integrarse en la plantilla de la concesionaria, o solicitar su traslado a otro hospital.
Por su parte, el personal laboral de las empresas públicas podrá integrarse en la concesionaria manteniendo las condiciones retributivas y laborales actuales. Para el personal interino y eventual, que así lo desee, se establece la obligación de que sean contratados por la sociedad concesionaria.
El proceso de externalización continúa adelante después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) levantara la suspensión cautelar provisional que decretó el pasado 10 de julio.
Esta decisión deviene de la inadmisión del recurso contencioso administrativo presentado por el PSM al entender la sala que los socialistas «no ostentan de ningún modo un ‘interés legítimo’ en orden a la impugnación» de la resolución sobre los pliegos.
El TSJM fundamentaba su decisión de no admitir a trámite el recurso de los socialistas contra el proceso al entender que no tienen legitimidad para impugnar la resolución de la Consejería de Sanidad, puesto que no son parte directa del proceso, precisamente uno de los argumentos que había planteado el Gobierno regional en sus alegaciones.
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