RRHH Digital El Club de Excelencia en Sostenibilidad ha presentado este miércoles la ‘Guía sobre Sistemas de Gestión de la Ética en la Empresa’, realizada en colaboración con Garrigues y con el patrocinio de Red Eléctrica de España, la cual busca facilitar a las compañías el diseño e implantación de los sistemas de gestión ética.
El Club de Excelencia en Sostenibilidad ha presentado este miércoles la ‘Guía sobre Sistemas de Gestión de la Ética en la Empresa’, realizada en colaboración con Garrigues y con el patrocinio de Red Eléctrica de España, la cual busca facilitar a las compañías el diseño e implantación de los sistemas de gestión ética.
La Guía se sustenta en la experiencia de 28 compañías líderes que han implantado sistemas de gestión ética, plasmadas en forma de buenas prácticas y en los resultados del análisis del estado de la dimensión ética entre las empresas participantes, según han explicado los responsables de esta iniciativa.
El acto de presentación ha sido inaugurado por la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, quien ha señalado que «parece obvio que el concepto de sostenibilidad, entendido en sentido amplio, debe ser una de las directrices de cualquier política macroeconómica pero también de cualquier actuación microeconómica».
La publicación pretende dar respuesta al contexto actual de crisis económica y financiera, en el que la dimensión ética se sitúa en el primer plano de las demandas de la sociedad en el ámbito de las administraciones públicas y de la empresa privada.
A estos efectos, Rodríguez ha señalado que «la CNMV tiene un papel relevante para lograr restaurar la confianza transmitiendo que en nuestro mercado se aplican con rigor las normas correspondientes». Asimismo, ha resaltado la importancia de generar confianza, para lo que considera necesaria la existencia de un gobierno corporativo eficaz que ayude a dar más competitividad a las empresas y evite asumir riesgos en exceso.
En esta misma línea, el presidente de Red Eléctrica de España, José Folgado, ha señalado que «una actuación eficaz en las situaciones en las que la integridad y la ética de la empresa lo requieran, supondrá la consolidación de una reputación intachable y una proyección satisfactoria ante el sector y ante la sociedad en general».
IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ÉTICA
Este informe destaca que el 60 por ciento de las compañías cuenta con una unidad organizativa encargada exclusivamente de la gestión de la ética o la integra entre las funciones del área que gestiona la responsabilidad corporativa –en el 24 por ciento de los casos–.
Además, en el 80 por ciento de las empresas existe una comisión o comité formado por directivos que colabora en el diseño, despliegue y seguimiento de la ética. Cabe destacar, que en el 20 por ciento de los casos también existe una comisión externa formada por representación de los grupos de interés que desempeña esta misma función.
El texto también incide en que para su adecuada implantación a nivel interno, el 74 por ciento de las empresas participantes organiza formación para sus empleados, la cual es obligatoria en el 48 por ciento de los casos o dirigida únicamente al equipo directivo en un 9 por ciento. La misma proporción refuerza estas acciones con campañas de sensibilización y apoyo para todos los trabajadores.
En lo que respecta a transparencia, medición y mejora, el informe destaca que «es una práctica común entre las empresas participantes la asignación de una figura visible con representatividad en la empresa» a quien pueden acudir los grupos de interés para realizar consultas, sugerencias o demandas por incumplimientos éticos.
Los resultados sobre el comportamiento ético son informados por un 92 por ciento de las empresas, aunque sólo se hace público en el 63 por ciento de casos, bien contenidos en un informe anual específico –en el 21 por ciento de los casos– o en la memoria de responsabilidad corporativa –el 42 por ciento–.
Por último, los responsables de la iniciativa indican que la Guía también trata de responder a cuestiones como el contenido y utilidad práctica de los programas de prevención de delitos y lucha contra el fraude, o las dudas que plantee la aplicación en esta materia de la normativa de protección de datos, entre otras.
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