Recursos Humanos Digital La patronal de empresarios CEOE y las organizaciones sindicales CCOO y UGT han mostrado su apoyo a la Ley de Transparencia, pero con matices. Aunque coinciden en aceptar que se revise su gestión de los fondos estatales, rechazan que se les equipare con el resto de entes públicos y se niegan a dar cuenta de otros datos como sueldos o ingresos privados.
Así lo han asegurado ante la Comisión Constitucional del Congreso, el secretario de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito, y el secretario de participación de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell.
Aunque se han mostrado de acuerdo con que la norma imponga obligaciones a los sindicatos, se han afanado en dejar claro que la misma no puede utilizarse para equiparar sus obligaciones de transparencia a las que se van a imponer a las administraciones públicas.
«No se puede asimilar sin más la obligación de información activa que pesa sobre el conjunto del sector público a la que puedan tener las organizaciones sindicales», ha comentado Benito, subrayando que este mandato de publicidad activa ha de limitarse «a la gestión de los recursos públicos y los programa de financiación pública que gestionen».
También ha pedido que no se confunda «la posición de los sindicatos con las de los partidos políticos a la hora de dar cuenta ante el conjunto de sociedad de su financiación, su actividad y de los posibles conflictos de intereses entre sus cargos y dirigentes».
La patronal rechaza su inclusión
Por su parte, la CEOE ha avisado al Congreso de que no publicará los sueldos de sus dirigentes, ni auditará las cuentas de sus organizaciones, ni informará de sus ingresos privados, pues considera que el principio de transparencia sólo debe afectar al uso de recursos públicos, que en su opinión sólo suponen un tercio de su presupuesto.
El presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE y vicepresidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, ha insistido en que la CEOE respalda que se dé información sobre los convenios de ayudas públicas, porque se trata de dar la máxima transparencia al uso del dinero público, pero que las organizaciones empresariales que representa consideran que «no deberían ser incluidas» junto a los entes públicos. «No tiene sentido que una entidad privada deba informar de la ejecución del presupuesto o auditar sus cuentas obligatoriamente», destacó.
Según explicó, son «partidarios de un control público de los ingresos públicos, pero no de un control de los ingresos privados». Además, añadió que en todo todo caso debe habilitarse un «control flexible» que no obstaculice el funcionamiento de las 4.500 entidades que forman parte de la CEOE, algunas de ellas «muy pequeñas y de un presupuesto anual que no supera los 100.000 euros.
En su opinión, tanto la patronal como los sindicatos merecen un desarrollo legislativo «específico» porque un control idéntico al del sector público «no sería proporcional».
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