Recursos Humanos Digital Con un 56 % de los empleados trabajando de manera informal, Latinoamérica y el Caribe tiene el más alto índice de informalidad del mundo, lo que requiere un reforma laboral que debe traducirse en un mayor crecimiento económico, según un estudio del BID divulgado hoy.
En un capítulo de su informe macroeconómico titulado «Cómo América Latina y el Caribe puede escapar del menor crecimiento mundial», divulgado hoy con motivo de la Asamblea Anual que celebra en Panamá, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierte, no obstante, que reformar el mercado laboral «no es una tarea fácil».
«Las medidas para combatir la informalidad y para estimular la formalización de las empresas pueden llevar al establecimiento de firmas más grandes y eficientes, con una menor tasa de rotación de empleados, mejor capacitación de los trabajadores y más acceso al crédito», dice el estudio, que asegura que esto debe generar mayor productividad y por ende un crecimiento económico más elevado.
La informalidad, indica el BID, «es un rasgo distintivo y persistente de los mercados laborales en América Latina y el Caribe», lo que la convierte en «la región del mundo que registra el mayor grado de trabajo informal».
Pese a que en líneas generales el informe estima en un 56 % los empleados que trabajan de manera informal en la región, asegura que los índices de informalidad varían mucho de un país a otro, por lo que las medidas deben tratarse individualmente y convertirse en «objetivos clave de reforma» donde son más elevados.
El estudio cita datos comparativos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que indican que la tasa de informalidad en los países de ingresos medios fuera de América Latina y el Caribe está en torno a un 37 %, casi veinte puntos menos que en esta región.
«Los rasgos institucionales, las distorsiones y las malas asignaciones en los mercados laborales varían en gran medida de un país a otro; por lo tanto, las reformas deberían estar hechas a la medida de las características de cada país y deberían tener en cuenta las capacidades de implementación», asegura.
El BID advierte de la complejidad de estas reformas y asegura que pueden implicar también «la reforma de los programas de protección social, que entonces requerirían formas alternativas de financiamiento».
Por ello, se necesita un diagnóstico para ver qué políticas originan distorsiones en los mercados, un diseño para equilibrar los objetivos económicos y sociales, e identificar qué incentivos son apropiados tanto para el lado de la oferta (trabajadores) como de la demanda (empresas) para integrarse a la economía formal.
El estudio asegura que hay políticas institucionales que pueden crear incentivos para trabajar o contratar informalmente, como un sistema fiscal que genere una «discriminación tributaria», penalizando al sector formal con una carga mayor que al sector informal.
También programas de seguridad social que benefician a todos los trabajadores, pero sólo contribuyen a ellos los formales.
La informalidad, además, «tiende a concentrarse en empresas más pequeñas, lo cual proporciona una evidencia indirecta de la relación entre productividad e informalidad».
Pone como ejemplo estadísticas de Bolivia, Colombia, El Salvador y Venezuela, países en los que la productividad en empresas con más de 250 trabajadores es un 150 % más alta que la correspondiente a empresas con menos de 20 trabajadores.
Por ello, el estudio destaca que «una reducción de la informalidad puede aumentar significativamente la producción y, por ende, el crecimiento a largo plazo».
Asimismo, las reformas del mercado laboral tienen el potencial de contribuir a una mejora de la asignación de recursos.
Algunos trabajos recientes centrados en países de América Latina y el Caribe también muestran que «aumentar el acceso al crédito está relacionado con una mayor formalización» laboral, asegura el BID.
El trabajo, finalmente menciona programas de pensiones a la vejez que en muchos países «han sido sumamente exitosos en aumentar la cobertura» a los sectores más desprotegidos.
También se refiere a programas de salud no contributivos, que proporcionan cobertura a los trabajadores informales, pero indica que estas iniciativas «pueden tener la consecuencia no deseada de incentivar la informalidad».
Por ejemplo, cita un estudio que indica que el seguro popular, en México, «puede haber impedido que entre 160.000 y 400.000 empleos se vuelvan formales».
«Se puede pensar en políticas alternativas que tengan objetivos similares pero que disminuyan la asignación ineficiente de recursos, incluyendo la informalidad», concluye el estudio.
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