RRHH Digital Tras un análisis del Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad la Administración Local, el Sector de la Administración Local de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO manifiesta su rechazo y exige su retirada, puesto que en su redacción “no parece que vaya a dar respuesta a los principales objetivos que motivaron en su origen la reforma del texto”. Es más, al amparo de los principios impuestos por la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, para CCOO el proyecto del Gobierno vulnera en varios de sus preceptos la autonomía local de las entidades locales, principio consagrado en la Constitución y en la Carta Europea de Autonomía Local, colocando a los mismas, especialmente a los municipios de menor población, como meros entes administrativos.
Asimismo, CCOO anuncia que ha iniciado una campaña informativa a la ciudadanía para dar a conocer su posición, en la que en primer lugar se realizará la presentación de una moción para la retirada del anteproyecto a los diferentes grupos políticos en los ayuntamientos, con el objetivo de consensuarla y poder presentarla de forma unitaria.
“En este contexto, con una elevadísima pérdida de empleo en la Administración Local, recortes de servicios públicos y presión sobre las condiciones de trabajo, se añade este intento de que los entes locales pierdan autonomía, lo que significará un retroceso en materia de servicios a la ciudadanía, así como de derechos y condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores públicos”, afirma Joan Gasull, secretario general del Sector de la Administración Local de FSC-CCOO.
Para CCOO, el anteproyecto no prevé ninguna mejora en la financiación de las haciendas locales, la gran asignatura pendiente del modelo territorial. “Al contrario, el objetivo final del gobierno del Estado es recentralizar y controlar al máximo los municipios, limitando la capacidad de acción de los mismos, convirtiéndolos en meros ejecutores de la voluntad del gobierno de la nación”.
En este sentido, el Sector de la Administración Local de FSC-CCOO añade lo siguiente:
1. Reitera la necesidad de clarificar y delimitar definitivamente el ámbito competencial local, evitando duplicidades y buscando una solución definitiva al ejercicio de las competencias locales. Esta clarificación competencial deberá venir acompañada necesariamente de un nuevo modelo de financiación local, ya que sin una adecuada financiación será imposible la prestación adecuada de los servicios públicos locales.
2. Todos los municipios, al margen de cual sea su población y características, deben de tener un mínimo competencial propio que puedan ejercer al amparo del derecho a la autonomía local consagrado en la vigente Constitución, y bajo su propia responsabilidad, como expresamente señala la Carta Europea de Autonomía Local. Lo contrario sería tanto como admitir la existencia de municipios sin administración.
3. El ámbito de competencias propias que el anteproyecto atribuye a los municipios alude a materias que directamente afectan a los intereses municipales y que deben ser ejercidas desde los municipios como administraciones más próximas a los ciudadanos.
4. La futura ampliación o modificación del ámbito competencial local debería partir del documento elaborado por una mesa de diálogo en la que los agentes sociales y políticos consensúen un documento para reorientar la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que debe pasar por impulsar una política de servicios que estén próximos a la ciudadanía.
Asimismo, CCOO manifiesta su rechazo a la fijación con carácter global, y por imposición legal de un reglamento del Estado, de los denominados “costes estándares de los servicios municipales”. Para el sindicato con ello se pretende que la Administración central intervenga directamente en decisiones de ámbito exclusivamente local, ejerciendo un inadmisible control político externo sobre los municipios y vulnerando además el derecho a la negociación colectiva.
5. También expresa su rotunda oposición a las nuevas previsiones de intervenir los municipios menores de 5.000 habitantes contenidas en el nuevo art. 61 bis del anteproyecto.
6. Por último, rehúsan que la iniciativa pública local en el desarrollo de actividades económicas se someta a un injustificable e inadmisible control por parte de la comunidad autónoma, de quién va a depender su aprobación definitiva. En opinión de CCOO, lo que pretende la ley es la eliminación gradual de la iniciativa económica de las entidades locales, dando a entender que en todo caso la gestión privada de un servicio va a resultar necesariamente más eficiente y eficaz que la pública.
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