Recursos Humanos Digital La deuda con la Seguridad Social contraída por empresas e instituciones por aplazamientos alcanzó los 1.569,05 millones de euros en 2012, cifra un 8,14% inferior a la de 2011, cuando la deuda aplazada era de 1.708 millones de euros, ha informado este jueves el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Es la primera vez desde 2008 en el que se reducen las cantidades aplazadas, a pesar de que el número de aplazamientos se incrementó un 0,4% en 2012, hasta totalizar 104.392 procedimientos.
En contraste con la evolución registrada en 2012, la deuda aplazada registró crecimientos en los años anteriores de crisis, algunos de dos dígitos, como los de 2009 (+39,4%) y 2010 (+14,3%). Entre 2007 y 2012, la deuda aplazada con la Seguridad Social ha aumentado casi un 61%.
El importe más alto durante los años transcurridos de crisis económica se alcanzó en 2011, con 1.708 millones de euros en deuda aplazad, frente a los 974,7 millones contabilizados a cierre de 2007.
En el ámbito de las empresas, las cantidades aplazadas se dispararon un 67,6% en 2009 y aumentaron, de manera más moderada, en 2010 y 2011 un 25,8% y un 28,8%, respectivamente, para reducirse después un 4,87% en 2012, su primer descenso desde el inicio de la crisis.
De acuerdo con el balance de gestión realizado por la Tesorería General de la Seguridad Social a cierre de 2012, el Régimen General es el que registra una mayor deuda por aplazamientos en los pagos, con 1.381 millones de euros.
Le sigue, de lejos, el otro régimen más numeroso del sistema en cotizantes, el de Autónomos (RETA), con una deuda aplazada de 139,8 millones de euros.
A continuación figura el Régimen Agrario, con más de 11 millones de euros; el Régimen del Mar (8,9 millones de euros); el del Carbón (1,5 millones de euros), y el ya extinguido Régimen del Hogar (1,4 millones de euros). En el capítulo de asistencia sanitaria, la deuda aplazada vigente alcanza los 1,5 millones de euros.
El Ministerio de Empleo ha recordado que los aplazamientos son una alternativa «regulada», que no debe confundirse con una condonación de la deuda.
Se trata, explica, de un procedimiento «escrupulosamente diseñado y reglado» que exige, como condición para acogerse al mismo, estar al corriente del pago de las cuotas al sistema. «Aplazar no significa olvidar la deuda, sino conceder una segunda oportunidad», avisa.
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