Patronal y sindicatos exigen negociar la reforma de la jubilación anticipada y parcial

RRHH Digital UGT, CC.OO., CEOE y Cepyme han solicitado conjuntamente al Gobierno que convoque de forma urgente la Comisión de Seguimiento del Diálogo Social en materia de Seguridad Social para abordar la reforma de la jubilación anticipada y parcial, ante la posibilidad de que el Gobierno esté redactando ya un Real Decreto-Ley para aprobarlo de forma unilateral en el mes de marzo.

En un comunicado remitido por los sindicatos se explica que los agentes sociales han formulado esta petición ante la aparición en diferentes medios de comunicación de la existencia del Real Decreto-Ley, que viene a modificar estos aspectos de la reforma de las pensiones que el Gobierno suspendió durante el primer trimestre de este año, a la espera de un acuerdo de reforma en el seno del Pacto de Toledo que aún no se ha producido.

«La existencia del citado proyecto de Real Decreto-Ley sin que haya sido discutido previamente en el marco del Pacto de Toledo resulta especialmente preocupante, dado que supone un evidente incumplimiento de los reiterados compromisos de diálogo social que el Gobierno ha venido haciendo públicos en los últimos meses», señalan.

Asimismo, los agentes sociales recalcan que los sucesivos acuerdos de reforma llevados a cabo en el marco del Pacto de Toledo entre Gobierno y agentes sociales «han demostrado su eficacia».

Apuntan también que, «sobre la base de medidas de equilibrio entre la garantía de la protección social y la sostenibilidad del sistema», han conseguido que España tenga una de las edades reales de jubilación más altas de Europa, al tiempo que se garantiza el derecho a la jubilación anticipada y parcial, por lo que «debería dejar tiempo a la reforma acordada en la Ley 27/2011 para examinar sus resultados».

CC.OO. y UGT recuerdan finalmente que la reforma de la jubilación anticipada y parcial ya está acordada en esta reforma de las pensiones y debería haber entrado en vigor en enero de 2013, por lo que «la pretensión del Gobierno de endurecerla no tiene ningún tipo de justificación».