RRHH Digital La prórroga del Plan Prepara –la ayuda de 400 euros para parados de larga duración que hayan agotado sus prestaciones y subsidios– decretada por el Consejo de Ministros el pasado 25 de enero supondrá un coste para las arcas públicas de al menos 214,5 millones de euros, según estima el Gobierno.
Así consta en la memoria del análisis de impacto normativo del decreto ley que prorroga esta ayuda, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que se precisa que el coste de la prórroga ascenderá a 176 millones imputables a los Presupuestos de 2013 (82% del total), para cubrir las ayudas a los beneficiarios reconocidos febrero y mayo; más otros 38,5 millones de euros (18% del total) que se cargarán a las cuentas de 2014 por los beneficiarios de los tres restantes meses.
Aunque el Ejecutivo no precisa el número de personas que se beneficiarán de esta prórroga, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, afirmó en la rueda de prensa para presentar el decreto que estimaban que los beneficiarios fueran prácticamente los mismos que en 2012, cuando ascendieron a 297.089 personas, con una ejecución presupuestaria de 660,38 millones de euros.
«Se estima que el incremento de los beneficiarios será equivalente al que se espera se produzca entre los beneficiarios del programa vigente hasta el 15 de agosto de 2012 y el vigente hasta el 15 de febrero de 2013», se apunta en la memoria.
UN CUARTO DE LOS BENEFICIARIOS PERCIBIRÁN EL 85% DEL IPREM
Con respecto a los requisitos para acceder al Prepara –que incluyen estar inscrito como demandante de empleo y carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores en cómputo mensual al 75% del IPREM (481 euros)–, el Gobierno estima que el 24% de los nuevos beneficiarios tendrán tres o más familiares a su cargo, por lo que el porcentaje se eleva hasta el 85% del IPREM para esos casos y tienen acceso a una ayuda de 450 euros.
Con respecto a las cargas administrativas, se reconoce que cada demandante del Prepara deberá abonar unos 105 euros, en concepto de 80 euros por solicitud presencial más 5 euros por cada documento que acompañe a la petición (facturas, documentos, etc.), que de media suelen ser cinco.
Con este decreto, que será convalidado el próximo jueves en el Pleno del Congreso, el Gobierno también mantiene las condiciones de acceso a estas ayudas y prevé su prórroga automática mientras el nivel de paro no baje del 20%.
CONTRATO DE FORMACIÓN Y PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Por otra parte, el decreto incluye también la ampliación «transitoria» hasta el 31 de diciembre de la posibilidad de formalizar contratos de formación y aprendizaje aunque no estén vinculados a certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional, una posibilidad que según recoge la reforma laboral debía expirar el martes 12 de febrero.
El Gobierno también aprovecha este texto legislativo para mantener el derecho a la reposición de la prestación contributiva por desempleo, contemplado en la reforma laboral para los trabajadores que, tras haberse visto afectados por la suspensión de su contrato o la reducción de su jornada, finalmente sean objeto de despido.
La finalidad de esta medida, según el Ejecutivo, es «continuar favoreciendo la adopción de medidas temporales de regulación de empleo al no penalizar el consumo de la prestación por desempleo de los trabajadores» mediante la ampliación de los límites temporales de aplicación de esta posibilidad hasta el 31 de diciembre de este año (en el caso de suspensiones o reducciones) o hasta el final de 2014 (en el caso de despido).
Según la memoria, se estima que este año se producirán una media de 5.500 altas de reposición al mes, mientras que en todo 2014 sumarán un total de 66.000 altas. En función de estas cifras «no se estima un mayor coste» que el inicialmente previsto. Así, en el próximo ejercicio se producirá un coste de 300 millones de euros, incluidas las cotizaciones correspondientes.
SUBSIDIO AGRARIO
El decreto incluye, por otra parte, la previsión para reducir de 35 a 20 los jornales necesarios para acceder al subsidio o la renta agraria en Andalucía y Extremadura, una medida que busca paliar las dificultades de los agricultores de esas regiones, muy castigadas por la sequía. Según el Gobierno, los beneficiados por esta medida serán unos 750, en función del «escaso» número de denegaciones del subsidio y renta agraria por carecer de los 35 jornales entre septiembre y diciembre.
Así, la previsión total de gasto este año ascenderá a 965 millones, derivados de los 665 millones para los 115.000 beneficiarios mensuales de subsidios y 300 millones para los 62.000 receptores mensuales de la renta agraria.
La última modificación destacada que prevé el decreto hace referencia a la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, que regula los órganos con competencia para sancionar en el ámbito provincial.
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