RRHH Digital La cadena DIA (Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.) ha confirmado que ha cerrado la franquicia de Matalascañas (Huelva) y ha abierto una investigación, después de que la Guardia Civil se incautara de más de 200 productos caducados a la venta en el establecimiento, según informaron fuentes de la compañía a Europa Press.
La empresa de distribución alimentaria, que cuenta con más 2.800 establecimientos en España, subraya que está estudiando también «la posibilidad de asumir la gestión directa de este establecimiento».
La Guardia Civil intervino en el día de ayer 202 productos en la franquicia, entre los que se encontraban yogures, carne picada envasada, salchichas, pizzas, kebabs y burritos, perteneciendo algunos de estos productos a la línea de consumo infantil.
Por su parte, Facua espera que más allá de las responsabilidades penales que pudieran derivarse del caso, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía «imponga una sanción ejemplarizante a la propietaria del establecimiento».
POSIBLE DELITO CONTRA LA SANIDAD PÚBLLICA
Agentes del Destacamento Especial para el Parque Nacional de Doñana, del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, han imputado a la propietaria de un supermercado de Matalascañas, como presunta autora de un delito contra la salud pública, al tener expuestos a la venta unos 200 productos caducados, reetiquetados con ofertas de casi el 50% y llevando algunos de ellos hasta 15 días cumplidos del periodo de consumo.
Los agentes de la Guardia Civil realizaron una inspección en el supermercado después de que tuvieran conocimiento de la existencia de productos caducados a un precio inferior al habitual, por la alerta de un agente que realizaba sus compras fuera de servicio en el establecimiento.
Cuestionada la propietaria, ésta manifestó que necesitaba vender los productos, por lo que los seguía teniendo expuestos por si alguien los quería, siendo consciente de que la fecha máxima de consumo había sido ya superada.
Una vez retirados, se pasó aviso a los inspectores de consumo, quienes determinaron el peligro extraordinario para el consumo humano y ordenando la destrucción inmediata de los mismos.
La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de La Palma del Condado.
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