Recursos Humanos Digital Según un informe de la secretaría confederal de Política Social de CCOO, en el que analiza los principales efectos de las reformas impuestas en el 2012 por el Gobierno del Partido Popular a través de los Reales Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, y 20/2012, de 13 de julio, ambas reformas legislativas buscan la reducción del gasto público destinado a la financiación del Sistema de Dependencia y el debilitamiento de su naturaleza pública”, a través de cuatro líneas de actuación:
- Reducir el número de beneficiarios (a través de una moratoria del calendario de implantación previsto para la entrada en vigor de las coberturas)
- Reducir la intensidad de las prestaciones a las que tienen derecho los beneficiarios.
- Transferir al beneficiario la responsabilidad de financiar la parte de gasto público que el Gobierno ha reducido (a través de un mayor copago).
- Modificar el concepto de Red pública y oferta pública de servicios (sustituyéndolo por el de Red de servicios de financiación pública).
Para Rosana Costa, secretaria confederal de Política Social de CCOO, “Los resultados han sido claros, al aprobarse el retraso en las fechas en las que los dependientes moderados deberían estar atendidos por el Sistema de Dependencia, algo más de 271.000 dependientes moderados han visto como el acceso a las prestaciones se retrasa, como muy pronto, hasta julio de 2015”.
Pese a que el Gobierno justificó esta moratoria con el argumento de que era una oportunidad para concentrar esfuerzos en mejorar la atención de las personas que se encontraban en “lista de espera” (con derecho reconocido pero sin prestación efectiva), esta medida ha sido también claramente un fracaso. La lista de espera tan sólo se ha reducido en 1 de cada 5 personas que se encontraba en ella, y actualmente continúan en ella más de 230.000 dependientes. Además, el número de personas atendidas con una prestación del Sistema de Dependencia se viene reduciendo desde agosto, el que tenían una prestación 780.536 personas y se ha pasado a 770.494 en diciembre de 2012. Señal inequívoca del proceso de desmantelamiento que sufre el Sistema de Dependencia.
Otro de los argumentos esgrimidos por el Gobierno para justificar las reformas ha sido el de ayudar a poner en marcha una oferta de servicios que fuese asumible en términos de coste para las Administraciones públicas y con ello, contribuir a incrementar la atención en base a este tipo de prestaciones. Sin embargo, los datos muestran que el número de beneficiarios atendidos mediante prestaciones económicas de cuidado familiar no han dejado de situarse en el entrono del 45% del total, señala Rosana Costa
Por otro lado, los servicios profesionales han visto reducida su oferta, especialmente intenso ha sido el recorte impuesto en el número de horas de atención de Ayuda a domicilio, que se ha reducido en una horquilla de entre -20% hasta -60%, dependiendo de los grados de dependencia. Esta reducción en la intensidad de los servicios supondrá una evidente pérdida de empleo, ya que se aplicará no sólo a los nuevos beneficiarios sino también a los que ya tenían reconocida una prestación, y que ahora verán reducida el número de horas de atención.
La reforma se completa con un intento de transferir a los beneficiarios la responsabilidad de asumir la parte de financiación que las administraciones públicas han dejado de realizar, por la vía del incremento del copago que pasa en todos los servicios hasta el 90% del coste del servicio.
A su vez, se refuerza la prestación vinculada a un servicio como herramienta que permite aflorar el “copago familiar”, ya que son éstas las que con esta prestación se ven obligadas a compensar el déficit tarifario que actualmente tienen los ciertos públicos al tener que financiar el diferencial entre una prestación económica relativamente escasa y el importe final que el proveedor privado del servicio establece por la compra del servicio.
Por último, la secretaría confederal de Política social de CCOO alerta de la intención del Gobierno, aunque no ha hecho ninguna propuesta formal y explícita al respecto, de incluir en distintas normas de desarrollo referencias que apuntan su intención de modificar el concepto de Red pública y oferta pública de servicios establecido en la Ley de Dependencia y sustituirlo por el de “Red de servicios de financiación pública”. Con ello pretende modificar el régimen de responsabilidades que las administraciones públicas deben mantener respecto de las prestaciones que ofrece el Sistema de Dependencia y se reduce enormemente su capacidad de intervención, control, y supervisión.
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